El abogado del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha explicado este lunes sobre la petición de autorización al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para poder estar presente en el pleno de investidura en el Parlament, tal como pide el Tribunal Constitucional (TC): «Cada vez vemos más lejos esta posibilidad».
En una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, Cuevillas ha explicado que lo plantearon el sábado después de recibir la resolución del Constitucional, pero que posteriormente sopesan descartarlo.
«No lo descartamos del todo, pero cada vez vemos más lejos esta posibilidad porque no queremos aceptar que la investidura del presidente de la Generalitat pueda estar sometida a una autorización judicial previa, es un escándalo, contrario a los más elementales principios del estado de derecho».
«Donde se ha visto que para el ejercicio de un derecho fundamental, una persona que, por muy imputada que esté, tiene toda la plenitud de sus derechos cívicos, se haya de someter a autorización judicial», ha valorado.
Sobre si descarta que se presente a la investidura de este martes en el Parlament, ha afirmado que no lo ha descartado nunca, si bien ha considerado que la resolución del TC «altera el panorama y dibuja un escenario diferente».
«Él hará lo que considere más conveniente para la causa que defiende. Si considera que es más conveniente quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera. Pero si él considera que puede ser más conveniente, para hacer petar la cafetera a presión, venir aquí y hacerse detener y encarcelar tiene la garantía para hacerlo», ha argumentado.
RECURSO
Sobre si recurrirán la decisión del TC de poner condiciones a la investidura –ya que acuerda suspender la sesión del Parlament si se pretende hacer en ausencia del candidato–, Cuevillas ha dicho: «Supongo que sí, hoy lo acabaremos de decidir. Ciertamente es muy complicado. La resolución del TC no hay por donde cogerla. Es desde el punto de vista jurídico una monstruosidad».
Ha explicado que no lo tienen «plenamente decidido», y si bien tienen los argumentos que cuestionan la resolución, ha puntualizado que todavía no saben si acudirán al Tribunal Supremo, al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«La resolución del TC es nula de pleno derecho, pero formalmente está vigente, y el TC no es nadie, no tiene atribuciones para interpretar preventivamente el reglamento del Parlament, le corresponde a los órganos internos del Parlament», ha opinado.
Ha indicado que dicha resolución invade competencias del Parlament y declaró nulas cosas que no se han producido, y ha considerado que toda la causa es absolutamente irregular y no hay por donde coger los delitos de rebelión y sedición: «Todo es una barbaridad».
«Jurídicamente no tenemos otra opción que seguir denunciando los flagrantes incumplimientos del ordenamiento jurídico, primero hemos de agotar las instancias internas españolas», ha indicado el abogado, que ha asegurado que toda su acción jurídica se hace mirando al Tribunal de Estrasburgo. (EP)
