Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia la injerencia del Gobierno en las resoluciones judiciales relativas al «procés» independentista catalán, porque «socavan la confianza de los ciudadanía en los Tribunales de Justicia así como en el Tribunal Constitucional y lastran la credibilidad de actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función».
Así de contundente se ha mostrado la asociación de jueces, en un comunicado, ante «las inopinadas declaraciones del ministro de Justicia en relación a la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo, el denominado “procés”, son poco respetuosas con la separación de poderes y la independencia judicial». Unas declaraciones en las que el ministro Rafael Catalá «pronostica con total seguridad el futuro procesal de los investigados y anticipa sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales, hasta el punto de afirmar que la sentencia se dictaría antes del mes de diciembre del presente año».
Concretamente, el ministro, en una entrevista concedida a Antena 3, aseguró que después de que Llarena firme dentro de uno dos meses el auto de procesamiento y antes de que haya sentencia firme «para otoño o final de año», la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que en delitos como el de rebelión, los procesados «se sacan de la escena de la representación pública y de ejercer actividades políticas».
A ello, en su comunicado JJpD, suma lo que ellos califican como «desafortunadas, informaciones publicadas en un periódico de ámbito nacional y no desmentidas dan cuenta de los contactos de miembros del Gobierno, empezando por su presidente, a magistrados del Tribunal Constitucional previos a la deliberación sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto por el propio Gobierno contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña».
En este sentido, recuerdan que «el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y que sus magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, de forma idéntica a los miembros del Poder Judicial». Y subrayan que por ello «tales contactos son inadmisibles en un Estado de Derecho y no tienen otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el Alto Tribunal».
El tercer país de la UE donde los ciudadanos perciben que la justicia no es independiente
De forma constante nos vemos obligados a recordar el informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de la justicia en los países de la Unión Europea. España figura como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como «mala» (39%) o «muy mala» (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia. Según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.
Inacción del CGPJ
Ante las inaceptables interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales, «ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces».
Juezas y Jueces para la Democracia concluye que afirmando que «Es imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente».
Por todo ello, «resulta obligado en un estado de derecho respetar la función desarrollada por el Tribunal Constitucional, empezando por el propio Gobierno».
