El último giro de esta «serie de Netflix» en vivo por entregas en lo que se ha convertido en denominado «procés» consiste en diseñar un doble «Govern», uno con el fugado Carles Puigdemont en Bruselas y otro efectivo en Barcelona; o investirlo telemáticamente, opción que ya prohibió el Tribunal Constitucional (TC), idea que no parecen haber abandonado.
Para lo primero necesitan modificar La Ley de la Presidencia de la Generalitat.
El problema es que, como norma fundamental de despliegue del autogobierno, para cambiarla se necesitan al menos 90 votos del parlamento autonómico catalán. Un número con el que, hoy por hoy, no cuentan.
Junts per Catalunya cuenta con 34 diputados autonómicos; ERC tiene, por su parte, 32. Lo que suman 66. Con los 4 de la CUP hacen 70. Dos por encima de la mayoría absoluta, 68 de un parlamento de 135 escaños.
La oposición cuenta con 65 representantes parlamentarios. 36 Ciudadanos, 17 el PSC-PSOE, 4 el PP y 8 En Comú Podem, la marca confederal de Podemos en Cataluña. Ni sumando los 8 de En Común Podem -si se avinieran «a colaborar»- llegarían a los 90.
De acuerdo con fuentes parlamentarias catalanas, este último giro chocaría con la doctrina del TC y del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), y con el artículo 155 de la Constitución.
Las mismas fuentes consultadas esgrimen que la única vía del independentismo para una iniciativa así sin chocar con el TC sería intentar introducir cambios en esta ley siempre que fueran «simbólicos».
Por ejemplo, podrían crear un consejo asesor que diera cobertura a los exmiembros del Govern que están en Bélgica, mientras en Cataluña investirían a otro candidato que no fuera Puigdemont siguiendo al detalle la interlocutoria del TC.
REFORMA EXPRÉS
Los grupos independentistas podrían intentar la reforma utilizando la lectura única, un procedimiento de máxima urgencia que tanto el TC como el CGE han avalado pero con limitaciones: usarlo solo en casos que se caractericen por su simplicidad y por generar un amplio consenso, y que los grupos puedan presentar enmiendas y pedir dictamen al CGE.
Las fuentes consultadas afirman que reformar la Ley de Presidencia como quiere JxCat no es superficial, por lo que no cumpliría los requisitos que pide el TC para el procedimiento de lectura única.
En cambio, sí podría usarse esta vía si se proponen cambios «simbólicos, que no alteren la arquitectura» de las instituciones de autogobierno reguladas por el Estatut.
Así, los independentistas podrían llegar a reformar esta ley sorteando al TC siempre que limiten los cambios a conceptos «simbólicos» para desencallar la investidura de Puigdemont.
El procedimiento sería rápido y simple: registrar una proposición de ley, y elevarla al pleno desde la Mesa –con mayoría de JxCat y ERC–, abriendo antes un plazo para presentar enmiendas.
Una vez en el pleno, los grupos podrían pedir aprobar la iniciativa mediante el procedimiento de lectura única y dar luz verde a la modificación.
LECTURA ÚNICA
El reglamento del Parlament recoge el uso de la lectura única desde que los grupos independentistas lo introdujeron en la anterior legislatura, cuando contemplaron aprobar las leyes de ‘desconexión’ con este sistema.
Finalmente la lectura única no se llegó a utilizar, después de que el TC la limitara a casos de poco calado, y los independentistas optaron por introducir la votación de estas leyes mediante el artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite introducir votaciones a última hora si lo pide la mayoría del pleno. EP.
