Este jueves, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, aseguraba mediante un email a los jueces de la 67ª Promoción que la entrega de sus despachos «tendrá lugar en los primeros días de abril» y que ésta «se llevará a cabo en Barcelona, con la presencia de su Majestad el Rey».
El CGPJ contestaba así a estos jueces que lo único que quieren es poder acceder a sus despachos y que se les reconozcan los mismos derechos que al resto de sus compañeros.
Ahora, por no tener “el nombramiento legal”, «no se les computa a efectos de “descongelación” para poder concursar, no pueden participar en cursos de formación, no se les paga el complemento de movilidad”.
Por eso, en su escrito, del que se hizo eco CONFILEGAL, los jueces de la 67 Promoción avisaban que «Habiendo agotado todos los intentos de solución amistosa, sin obtener respuesta alguna, manifiestan que únicamente les resta acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al fin de acabar con la situación de parálisis actual»..
En su email, el vocal Martínez Moya, insiste en que en nombre de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo, «os informo que esta mañana el Presidente del Consejo, en el curso de la sesión de la Comisión Permanente, nos ha comunicado que la entrega de despachos se llevará a cabo en Barcelona, con la presencia de su Majestad el Rey. El acto tendrá lugar en los primeros días del mes de abril».
Además les hacía saber que «el día y hora precisos se os comunicará oficialmente con la debida antelación para que podáis organizar oportunamente vuestro desplazamiento y el de vuestro familiares y amistades invitados».
Aprobaron la oposición entre octubre y noviembre de 2015
Con esta respuesta, los 65 nuevos jueces y juezas de la Promoción 67 , que ingresaron en enero de 2016 en la Escuela Judicial de Barcelona tras aprobar las oposiciones en los meses de octubre y noviembre de 2015, tendrán, aunque con cierto retraso, su esperado acto de entrega de despachos.
Conviene recordar que, tras su paso por la Escuela Judicial, iniciaron un período de prácticas tuteladas durante 7 meses, y, por último, superadas dichas fases, realizaron un período obligatorio donde los jueces noveles desempeñaron labores de sustitución y refuerzo durante 5 meses, del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017, período que debía haber acabado en dicha fecha con la consiguiente entrega de sus Despachos.
Sin embargo, el acuerdo de la Comisión Permanente de 23 de noviembre de 2017, dónde se decidió prorrogar sin fecha la citada entrega de despachos, fue como un jarro de agua fría.
Por eso, y «ante lo que consideran una arbitrariedad y desviación de poder, este acuerdo fue recurrido por la 67 promoción de forma íntegra (sus 65 miembros), por «la situación de indefensión en la que se encuentran cuando el propio Consejo General del Poder Judicial no resuelve sus recursos y deja transcurrir el plazo legal.
«Mano de obra sin los derechos laborales»
Los miembros de la 67 promoción sienten la pesadumbre de que, tras preparar y aprobar una exigente oposición, queriendo comenzar a prestar su labor de servicio público con toda la ilusión, «desde el propio Consejo General del Poder Judicial, que debería ampararlos como su órgano de Gobierno que es, únicamente se les utiliza como mano de obra sin los derechos laborales», indicaban en su escrito.
Y señalaban que durante esos cinco meses de prórroga, «los nuevos jueces han ejercido, y continúan ejerciendo, su función judicial como cualquier otro juez, con plenitud jurisdiccional, y las providencias, autos y sentencias que dictan son resoluciones judiciales con plenos efectos legales y plenamente ejecutables».
No obstante, durante este periodo han estado sujetos a evaluación por parte de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, quienes han elaborado un informe sobre su dedicación y rendimiento en el desempeño de labor profesional, para su valoración por la Escuela Judicial.
Todos, los 65 jueces y juezas han desempeñado su labor de sustitución o refuerzo, principalmente, en distintos juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción del territorio nacional con gran volumen de trabajo (decidiendo sobre autos de prisión provisional, de régimen de visitas en casos de divorcio, contratos de millones de euros…), así como en los tan polémicos juzgados de “cláusulas suelo”, que han sufrido un enorme colapso de demandas desde que se implantaron por el Consejo General del Poder Judicial.
