Esta es la ceremonia que, según dicen los componentes de la 67 Promoción de Jueces, no se puede celebrar en Barcelona y que reclaman que tenga lugar en cualquier otra ciudad de España. Confilegal
El CGPJ suspende sin fecha la entrega de despachos a la última promoción de jueces por «el desgobierno» en Cataluña
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07/2/2018 14:02
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Actualizado: 07/2/2018 14:44
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Los jueces pertenecientes a la 67ª Promoción reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se les reconozcan sus derechos laborales, debido a que se encuentran en un “limbo legal” indefinido en el tiempo y no se les reconocen los mismos derechos que al resto de jueces (no se les computa a efectos de “descongelación” para poder concursar, no pueden participar en cursos de formación, no se les paga el complemento de movilidad»), por no tener «el nombramiento legal».
Así lo han expresado a través de un escrito, remitido a CONFILEGAL, donde los jueces de la 67 Promoción indican que:
En un contexto de crisis económica, austeridad presupuestaria y ausencia de creación de plazas judiciales, la Ley Orgánica 8/2012 de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, creó la figura del Juez de Adscripción Territorial (JAT) e introdujo asimismo la fase de sustitución y refuerzo como una nueva fase de selección y formación de los jueces con la finalidad de que los nuevos jueces de carrera ejercieran sus funciones judiciales en una situación de gran flexibilidad y movilidad para cubrir vacantes o prestar labores de apoyo a Juzgados o Tribunales, así como con el fin de minorar el gasto de sustituciones por jueces sustitutos.
Así, tras aprobar las oposiciones en los meses de octubre y noviembre de 2015, los 65 nuevos jueces y juezas de la Promoción 67 ingresaron en enero de 2016 en la Escuela Judicial de Barcelona durante un año para un curso teórico-práctico.
A continuación iniciaron un período de prácticas tuteladas durante 7 meses, y por último superadas dichas fases, realizaron un período obligatorio donde los jueces nóveles desempeñaron labores de sustitución y refuerzo durante 5 meses, del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017, período que debía haber acabado en dicha fecha con la consiguiente entrega de sus Despachos.
Sin embargo, sin motivación alguna, mediante acuerdo de la Comisión Permanente de 23 de noviembre de 2017, se decidió prorrogarlo sin fecha. Ante lo que consideran una arbitrariedad y desviación de poder, este acuerdo fue recurrido por la 67 promoción de forma íntegra (sus 65 miembros), por lo que se nombró a una vocal Ponente para su resolución y, sin embargo, ha dejado transcurrir el plazo legal sin pronunciamiento alguno, por lo que ha sido desestimado por silencio administrativo. Señalan la situación de indefensión en la que se encuentran cuando el propio Consejo General del Poder Judicial no resuelve sus recursos y deja transcurrir el plazo legal.
Durante esos cinco meses y durante el tiempo de prórroga, los nuevos jueces han ejercido, y continúan ejerciendo, su función judicial como cualquier otro juez, con plenitud jurisdiccional, y las providencias, autos y sentencias que dictan son resoluciones judiciales con plenos efectos legales y plenamente ejecutables.
No obstante, durante este periodo han estado sujetos a evaluación por parte de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, quienes han elaborado un informe sobre su dedicación y rendimiento en el desempeño de labor profesional, para su valoración por la Escuela Judicial.
Así, los 65 jueces y juezas han desempeñado su labor de sustitución o refuerzo, principalmente, en distintos juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción del territorio nacional con gran volumen de trabajo (decidiendo sobre autos de prisión provisional, de régimen de visitas en casos de divorcio, contratos de millones de euros…), así como en los tan polémicos juzgados de “cláusulas suelo”, que han sufrido un enorme colapso de demandas desde que se implantaron por el Consejo General del Poder Judicial.
Se ha producido, por lo tanto, una situación totalmente anómala viciada de posible inconstitucionalidad (por lo que estudian plantear cuestión de inconstitucionalidad a través del correspondiente recurso), al ejercer jurisdicción plena, lo que implica que están sujetos única y exclusivamente al imperio de la ley, no pudiendo recibir órdenes, instrucciones, indicaciones o ser evaluados por su labor jurisdiccional, ni tampoco pueden estar subordinados en dicha labor a ningún otro poder público, ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial o los TSJ.
La formación de todos y cada uno de los jueces se ha desarrollado con perfecta normalidad para toda la promoción, y todos los nuevos jueces han sido evaluados, escalafonados y considerados aptos.
Sin embargo, como consecuencia de la prórroga acordada sine die por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se les ha prorrogado en sus respectivos destinos sin fecha, sin ser nombrados jueces formalmente, título y condición que consideran les corresponde conforme a la ley tras todo ese periplo, y que lleva inherente otra serie de derechos. Éste órgano les expresó formalmente que sus reivindicaciones eran legítimas y que en el plazo de una semana (a mediados del pasado mes de enero) tendría una fecha definitiva para la entrega de sus Despachos y, por lo tanto, toma de posesión en sus nuevos destinos. Sin embargo, tras sucesivas promesas incumplidas, no han recibido aún respuesta alguna.
La situación en la que se encuentran perjudica al servicio público que se le debe ofrecer al ciudadano puesto que paraliza la agenda de señalamientos en sus juzgados actuales (algunos tan sensibles como los de cláusulas suelo) e impide que, en una justicia saturada y falta de nuevos jueces, toda una promoción pueda al fin acudir a casi 40 juzgados que hoy en día se encuentran reservados para ellos, a la espera de que lleguen, y sin titular.
Desde la propia Comisión Permanente les han expresado que la situación en Cataluña (al ser tradición que la entrega de Despachos se haga en Barcelona con presencia de S.M. El Rey, el Presidente de la Generalitat y el Alcalde de Barcelona) ha influido en esta situación de parálisis institucional.
Los integrantes de la promoción 67 consideran que no es un requisito previsto en la ley, que ha de primar el normal funcionamiento de las instituciones y que aun así, si esta tradición no quieren llevarla a cabo este año por las circunstancias que estimen, la entrega puede ser en cualquier otro punto del territorio nacional o que por lo menos se les realice el nombramiento formal con todos sus efectos inherentes independientemente de cuando se celebre la ceremonia.
Junto a este factor temen que, dado el colapso que sufren los juzgados de cláusulas suelo, y la inadecuación del plan concebido por el Consejo para solucionarlo, prorroguen una situación que debería haber concluido el 30 de noviembre hasta el próximo mes de junio, fecha en la que compañeros de la nueva promoción (68ª) podrían suplir las casi 50 vacantes para las que en estos momentos no se habría ideado ningún plan alternativo. Situación que no contaría precedente alguno entre las 66 promociones de la Carrera Judicial que les anteceden.
Los miembros de la 67 promoción sienten la pesadumbre de que, tras preparar y aprobar una exigente oposición, queriendo comenzar a prestar su labor de servicio público con toda la ilusión, desde el propio Consejo General del Poder Judicial, que debería ampararlos como su órgano de Gobierno que es, únicamente se les utiliza como mano de obra sin los derechos laborales que les corresponden (sin el nombramiento legal, no se les computa a efectos de “descongelación” para poder concursar, no pueden participar en cursos de formación, no se les paga el complemento de movilidad) y sin los medios y recursos que deberían tener para el eficaz desempeño de su labor pública (no se les suministran portátiles, no tienen correo corporativo, no pueden acceder a las bases de datos necesarias para elaborar sus resoluciones, no pueden firmar electrónicamente al no haberles entregado el carnet de juez…). Unido, todo ello, al anormal funcionamiento en la prestación de un servicio tan importante para el ciudadano como la Administración de Justicia.
Habiendo agotado todos los intentos de solución amistosa, sin obtener respuesta alguna, manifiestan que únicamente les resta acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al fin de acabar con la situación de parálisis actual.
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