Los jueces advierten a las asociaciones de mujeres que tratar de influir con denuncias ante el CGPJ es un ataque a la independencia judicial
Concepción Rodríguez, de FJI, Natalia Velilla, de AJFV, Ignacio González Vega, de JJpD, y Manuel Almenar, de APM.

Los jueces advierten a las asociaciones de mujeres que tratar de influir con denuncias ante el CGPJ es un ataque a la independencia judicial

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15/2/2018 06:15
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Actualizado: 15/2/2018 08:26
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Las cuatro asociaciones de jueces advierten a seis asociaciones de mujeres que «tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables –incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia–, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia».

De esta forma tan contundente las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- han salido a la defensa de todos sus compañeros titulares de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y de Juzgados Mixtos con estas competencias.

Y de forma especial de «la magistrada y al magistrado contra quienes se han interpuesto sendas denuncias el 12 de febrero».

Es decir, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), y  Julián González, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia).

La Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos anunciaron, ese mismo día, en rueda de prensa en Madrid, que iban a presentar quejas ante el Consejo General del Poder Judicial contra aquellos jueces de violencia sobre la mujer que «no estén dando un trato adecuado a las víctimas de violencia de género, así como pedir que se supervise aquellos juzgados que tengan una alta tasa de peticiones de protección denegadas a víctimas de violencia de género».

AMPARO DEL CGPJ

Sobre la magistrada López Chacón, las asociaciones de mujeres dicen que expresó ante varios testigos la siguiente frase: «Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal».

Y de González, señalan sus «actitudes arrogantes y autoritarias», «faltas de respeto y consideración» y «nula empatía».

La APM, la AJFV, JJpD y FJI piden al CGPJ, en este sentido, que ampare a «quienes se sientan perturbados en su independencia judicial como consecuencia de la presentación de quejas que ataquen su función jurisdiccional».

Asimismo, recuerdan que «los miembros del Poder Judicial, gozan de independencia, imparcialidad y sometimiento exclusivo al imperio de la Ley. Dicha imparcialidad, sin obviar las especificidades anteriormente reseñadas en lo que a víctimas de violencia de género se refiere, les obliga a que, ante cualquier indicio de delito, deban adoptar medidas de investigación del mismo, con independencia de si el resultado judicial posterior es condenatorio o no».

«Los miembros de la Carrera Judicial investigan, exclusivamente, hechos presuntamente delictivos. Una instrucción penal no es sólo correcta si el imputado resulta condenado, puesto que muchos son los factores que pueden llevar a la absolución y que deben ser valorados por el órgano enjuiciador (distinto del instructor)».

Y recuerdan que «Todas las resoluciones judiciales en materia de violencia sobre la mujer son susceptibles de recurso ante el órgano superior colegiado. Es a través de los recursos ordinarios como las resoluciones judiciales que se reputan desfavorables, deben ser impugnadas. Obtener Justicia no es sinónimo de que nos den necesariamente la razón. Y tutela judicial efectiva implica el derecho a obtener una resolución fundada en derecho».

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