La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy solicitar el amparo solicitado por María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey frente a Isabel Latorre, una víctima de malos tratos, Isabel López, al considerar que sus comportamientos contra de algunas resoluciones judiciales «rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable» y son «objetivamente susceptibles de perturbar y minar la independencia de cualquier magistrado», ha informado el CGPJ en un comunicado.
La mujer, personada en varios procedimientos que se tramitaron o se tramitan en el Juzgado, desarrolla desde hace varios años conductas como personarse en las dependencias del Juzgado para advertir a las víctimas de violencia de género que habían sido citadas del «maltrato judicial» que allí se las dispensaba.
Además, se dedica a colocar en el mismo lugar carteles denunciando determinadas actuaciones judiciales que ella consideraba que atentaban contra las víctimas.
También publica en un blog textos en los que se tachaba a los jueces de «cómplices necesarios de los terroristas maltratadores» o decía que lo más probable era que un día se la hallase muerta al estar su caso en manos de la magistrada, a la que citaba con nombre y apellidos.
ACOSO A LA JUEZ
En una ocasión, además, abordó a la juez en la entrada del colegio en el que estudian los hijos de ambas para recriminarla por haber suspendido una vista.
Y ese mismo día, cuando acudió al Juzgado para pedir explicaciones de esa suspensión, hizo un comentario a la magistrada acerca de lo contenta que la veía todas las mañanas cuando dejaba a su hija en la escuela.
El órgano de gobierno de los jueces considera que estas situaciones afectan a la juez en tres ámbitos o facetas de su vida: el personal, el profesional y el de proyección pública de su labor como magistrada.
Así, tanto las actuaciones desarrolladas en dependencias judiciales como las publicaciones en el blog «son modos de proceder que contribuyen a generar, en la opinión pública y ciudadana, una sensación de desasosiego o descrédito respecto de las decisiones judiciales, que ningún beneficio producen a la sociedad en su conjunto y que solo contribuyen a socavar el prestigio y reconocimiento de la labor de los órganos judiciales», señala la Comisión Permanente.
«Es razonable llegar a la conclusión de que ante semejante ataque, público y constante, a su labor profesional, cualquier miembro del Poder Judicial puede verse afectado e inquietado en su independencia», añade la Permanente, que se refiere al episodio en el colegio y al posterior en el Juzgado como «acontecimientos extraños a la relación procesal cuyo único objetivo es interferir en procesos decisionales y que no pueden ser admitidos desde ningún punto de vista y deben ser considerados como una intolerable intromisión en su vida personal».
Por todo ello, la Comisión Permanente acuerda otorgar el amparo solicitado por la juez, instando a la mujer «el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional de la magistrada».
La decisión de otorgar el amparo se ha aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y de los vocales del órgano de los jueces Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Concepción Sáez y José María Macías.
La también vocal Pilar Sepúlveda ha votado en contra.
APOYO A LA JUEZ POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES
Las cuatro asociaciones de jueces adviertieron a seis asociaciones de mujeres, el pasado 15 de febrero que “tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables –incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia–, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia”, en una referencia directa a la magistrada López Chacón.
La APM, la AJFV, JJpD y FJI pidieron entonces al CGPJ que amparara a “quienes se sientan perturbados en su independencia judicial como consecuencia de la presentación de quejas que ataquen su función jurisdiccional”.
Y recordaron que “los miembros del Poder Judicial, gozan de independencia, imparcialidad y sometimiento exclusivo al imperio de la Ley. Dicha imparcialidad, sin obviar las especificidades anteriormente reseñadas en lo que a víctimas de violencia de género se refiere, les obliga a que, ante cualquier indicio de delito, deban adoptar medidas de investigación del mismo, con independencia de si el resultado judicial posterior es condenatorio o no”. CONFILEGAL/EP.
