El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha citado a declarar el 26 de febrero en calidad de investigada a la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisa Granados, que asistió a Juana Rivas, tras la querella presentada por el Colegio de Abogados contra ella por intrusismo profesional.
El letrado de Granados, Carlos Aránguez, ha pedido que la declaración quede sin efecto mientras se resuelve el recurso de reforma y el subsidiario de apelación que ha presentado contra la querella del Colegio de Abogados de Granada, según ha asegurado su letrado a Europapress.
Su defensa ya avanzó que ha pedido una fianza al Colegio de Abogados y que en el recurso de reforma formalizado mantienen que los hechos que investiga el juzgado instructor no constituyen delito alguno.
Su abogado considera que «los hechos no son constitutivos, ni siquiera indiciariamente, de infracción penal», pues la labor de Granados con Juana Rivas –que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por supuesta sustracción de menores–, se encuadró en las «actuaciones propias de su trabajo de asesoría legal, como licenciada en Derecho, en el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena», y que asesorar u opinar no puede representar un delito de intrusismo laboral.
Aránguez, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Granada, ha incidido en que «pasar por el banquillo es una forma de castigar» y a su patrocinada «la están castigando haciéndole declarar por unos hechos que no tienen ningún carácter indiciario de delito». «Lo que se quiere es que pase de nuevo por un Juzgado», ha clamado.
Si se admite la querella, la competencia sería de la Audiencia Nacional
Ha censurado que «19 meses después de la denuncia de Juana Rivas contra su expareja por maltrato no se haya iniciado ni siquiera la investigación ni en España ni en Italia y en cambio a su asesora, que solamente solicita justicia para ella en este caso, se le haya imputado ya en dos ocasiones».
Junto a ello, el letrado señala que «en caso de aceptarse la querella, la competencia para conocer esta causa sería de la Audiencia Nacional», pues, de considerarse como válida la tesis del querellante, «habría de dirigirse también a todos aquellos que procedieron a su contratación en el Ayuntamiento de Maracena, así como a todos y cada uno de los alcaldes y ayuntamientos de toda España (más de cuatro mil) que tengan entre su personal una asesoría jurídica en un Centro de la Mujer».
Por todo ello, ha solicitado la inadmisión de la querella, archivando el procedimiento, o, con carácter subsidiario, que el Colegio de Abogados aporte una fianza de 20.000 euros a la asesora de Rivas por «los graves perjuicios morales», y que se remitan las actuaciones a la Audiencia Nacional.
También fue investigada por colaboración en sustracción de menores
Granados ya fue investigada, junto a la psicóloga del Centro de la Mujer y familiares de Juana Rivas, por presunta colaboración en la sustracción de menores por la que se abrió una investigación penal contra Rivas después de que ésta permaneciera casi un mes en paradero desconocido para no entregar a sus dos hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, que fue condenado en el 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que ella volvió a denunciar por supuestos malos tratos.
Pero el Juzgado acordó finalmente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra ellos.
