El Tribunal Supremo establece que retirar la autorización a los representantes consulares de los países extranjeros en España es competencia del Gobierno en el marco del Derecho Internacional, (en concreto del Convenio de Viena) y, por tanto, esas decisiones, al tocar la esencia de las relaciones entre Estados soberanos, no se pueden recurrir ante la jurisdicción contencioso Administrativa.
En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso ha declarado que carece de jurisdicción para resolver el recurso que presentó un ex cónsul de Letonia en España contra la Nota Verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de septiembre de 2016 por la que se le comunicaba la retirada de la autorización para ejercer como Cónsul de Letonia en España, el exequátur.
En su recurso, el ex cónsul aportaba copia de la información sobre el asunto aparecida en el diario ABC en fechas de 17 de septiembre, en la motivación o justificación de dicha Nota Verbal se «contienen afirmaciones falsas y se fundamenta en hechos falsos, lo que atenta gravemente contra su derecho al honor» protegido por el artículo 18. 1 de la Constitución Española, al ponerse en duda un ejercicio inadecuado, cuando no en incumplimiento del Convenio de Viena de 24 de abril de 1963, de su función consular, afectando ante terceros (inclusive ante el Estado Letón).
Tras analizar la naturaleza del acto impugnado, la Sala concluye que la decisión que adoptó el Poder Ejecutivo español de retirar el exequátor a dicho Cónsul de Letonia en España no puede ser objeto de control en vía contencioso –administrativa “porque se trata de una decisión que toca la esencia misma de las relaciones internacionales entre dos Estados soberanos, materia que tradicionalmente se ha considerado ajena al contencioso-administrativo”.
Se trata de una materia regulada por el Derecho Internacional
El tribunal argumenta que tanto el otorgamiento como la retirada del exequátur es una materia regulada por el Derecho Internacional y, más concretamente, por el Convenio de Viena sobre las Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963.
En virtud del artículo 12 del citado Convenio, la Sala señala que “es claro que otorgar o denegar el exequátur es un acto libérrimo del Estado receptor, que no está obligado a dar explicación alguna”; y añade que “si esto vale para el momento inicial del ejercicio de la función consular, vale igualmente para el momento de su terminación”, según se deriva del artículo 23 de dicho Tratado.
A la vista de los preceptos indicados el tribunal considera que retirar la autorización a un representante consular no solo pertenece al puro ámbito del Derecho internacional, “sino que es absolutamente libre y no necesitada de justificación”
En relación con la vulneración del derecho al honor alegada por el recurrente, el Supremo dice que el destinatario de la nota verbal no era el cónsul sino el Estado que lo acreditó como tal, ya que él actuaba como mero agente de ese Estado y por tanto “ no es algo que le concierne personalmente”; “ello no excluye –añade la Sala- que se haya podido producir una lesión del derecho al honor del recurrente. Pero tal lesión, de existir, no sería imputable a la retirada del exequátur, ya que el mero hecho de adoptar una decisión jurídicamente libre y no necesitada de justificación no puede considerarse contraria al honor, y menos aún al honor de alguien que actúa como agente de un Estado, no como persona particular”.
La conclusión de todo ello es que la reparación de la vulneración del derecho fundamental que el recurrente dice haber sufrido “habrá de exigirse a la persona que haya efectivamente causado tal vulneración y mediante el proceso que corresponda.
Algo que no puede ser –por todo lo razonado hasta aquí- a través de un recurso contencioso-administrativo dirigido contra la Nota Verbal remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a la Embajada de Letonia, por la que se comunica a ésta la anulación de exequátur al recurrente como Cónsul de Letonia en España”.
En suma, «debe declararse la falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo para conocer del presente asunto, con el consiguiente archivo de las actuaciones», concluye el alto tribunal.
