El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó ayer que los tribunales españoles deben establecer cuáles son límites para que la libertad de expresión no se convierta en ofensas hacia otras personas y señaló que no se pueden «trivializar» las decisiones judiciales dictadas al respecto porque en «España no hay delitos políticos».
Así se manifestó respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a tres años y medio de prisión al rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como ‘Valtonyc’; la retirada en Ifema de la obra denominada ‘Presos políticos’ de Santiago Sierra; o el secuestro judicial del libro ‘Fariña’, de Nacho Carretero.
«Respeto máximo a las decisiones judiciales», dijo a los medios de comunicación antes de participar en la clausura de los actos conmemorativos del 25 Aniversario del Código Deontológico del Periodismo, organizados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), al ser preguntado sobre su opinión por el debate público sobre el derecho de a la libertad de expresión abierto a raíz de estos tres acontecimientos.
En este sentido, Catalá indicó que los «límites de los derechos es una cuestión que no siempre están claras y los tribunales son los que tienen que aclarar finalmente cuáles son los límites en este caso, qué es derecho a expresión y qué son ofensas, injurias y calumnias».
«NO SE PUEDEN PERMITIR LA DIFUSIÓN DE ESTE TIPO DE CONCEPTOS»
Para el ministro, las letras de Valtonyc, que aplauden atentados contra el PP o contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o que reivindica que el Rey Juan Carlos I «tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello», «superan los límites de la libertad de expresión».
Sobre la retirada en la Feria ARCO Madrid del montaje de 24 fotos pixeladas y numeradas con imágenes del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o de los conocidos como ‘los Jordis’, entre otros, sin mencionar sus nombres pero acompañadas de leyendas que narran su situación; el titular de Justicia ha destacado que «no se puede permitir la difusión de este tipo de conceptos, más allá de la libertad de expresión, de la libertad del arte».
«Constituye una especie de atentado contra la independencia judicial» y «trivializar eso y hacer ver que es un delito de opinión o político me parece que no ayuda a nuestra democracia, a nuestro estado derecho», añadió. «En España no hay delitos políticos, ni en nuestra Constitución, ni en nuestro Código penal», concluyó.
