La Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) avisa a los poderes públicos de que tienen este año, de 2018, para negociar una revisión al alza de los baremos retributivos del turno de oficio de cara a los presupuestos de 2019 y advierte que volverán «a las trincheras» y promoverá «en toda España cuantas movilizaciones, actos de protesta y acciones de conflicto colectivo sean necesarias».
«Exigimos que las Leyes de Presupuestos del Estado y Comunidades Autónomas para 2019 contemplen las partidas necesarias para solucionar de una vez por todas este problema enquistado que envenena las vocaciones y apaga los corazones ilusionados de miles de abogados del Turno de Oficio cuya generosidad y entrega ya no puede dar más de sí», afirman en un comunicado.
«Permaneceremos en prudente espera durante los próximos meses, y a partir de ahí, si no se ha producido un avance sustancial, si no apreciamos voluntad de incorporar al presupuesto 2019 las partidas necesarias y suficientes» regresarán al campo de batalla.
De la misma forma, ALTODO insta a los poderes públicos a negociar con el Consejo General de la Abogacía y con los Colegios de Abogados lo que define como «la solución final».
Es una revisión al alza de baremos retributivos en toda España que compense el poder adquisitivo perdido durante trece años de «hibernación» para que los aproxime «al concepto de ‘dignos y suficientes’ que el legislador idealizó en 1996 como ‘principio programático'».
Un principio que, según esta asociación de abogados del turno de oficio, se ha venido incumpliendo sistemáticamente.
«El incremento IPC desde diciembre 2005 hasta enero 2018 ha sido del 19,6 %, lo que significa que los baremos retributivos, ya exiguos en 2005, han sufrido una merma real cercana al 20 %», explican en su nota de prensa.
Para ALTODO » lo verdaderamente urgente es descongelar de una vez por todas y para siempre las indignas retribuciones que aquéllos perciben en contraprestación a unos servicios cada vez más eficientes, cada vez sometidos a mayores y estrictos controles deontológicos y de calidad y a una creciente exigencia de especialización y formación continua, que dichos profesionales se ven obligados a costearse de su propio peculio pese a tratarse de un servicio público».
Y remachan: «Hora es ya de que se ponga fin al secular inmovilismo y maltrato institucional que los profesionales del Turno de Oficio y los usuarios del servicio venimos padeciendo desde hace años, y hora es ya de que se hable no solamente de Sanidad y Educación, sino también de Justicia. Porque sin justicia, no hay Estado de Derecho».
