La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido este jueves de que las reclamaciones de los ayuntamientos por las «negligencias del legislador» en torno a la plusvalía municipal ascienden a 750 millones de euros, tal y como se ha indicado durante una jornada tributaria organizada conjuntamente con la Asociación Española de Asesores Fiscales y la Universidad Rey Juan Carlos.
A lo largo de esta jornada, fuentes de los inspectores han denunciado que la «inseguridad jurídica» en torno al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, no deja de agravarse, y prevén una «oleada de reclamaciones» por parte de los contribuyentes.
Inseguridad jurídica
Los inspectores recuerdan que la «inseguridad jurídica» en torno a la plusvalía comienza con la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017, que admitió la posibilidad de que los ciudadanos pudieran acreditar situaciones de minusvalía, y por tanto, no estar obligados a pagar el impuesto, y advirtió expresamente de la necesidad de que se diera una correcta regulación del mismo.
Sin embargo, denuncia que el Estado «hizo oídos sordos» durante cuatro años y no aprobó ningún Real Decreto-ley para adaptar el impuesto a lo ordenado por el TC hasta octubre de 2021, cuando el Tribunal Constitucional declaró definitivamente inconstitucional el diseño de la plusvalía municipal.
Doctrina del Supremo
El último episodio relacionado con este impuesto municipal se produjo en febrero pasado al modificar el Tribunal Supremo su doctrina sobre la nulidad de las liquidaciones tributarias giradas por este impuesto, un cambio que, como advirtieron los inspectores locales de Hacienda, iba a incrementar las impugnaciones.
Desde el colectivo, se denuncia la «inseguridad jurídica permanente» que perjudica a entidades locales y contribuyentes desde hace décadas en cada uno de los tributos y tasas locales.
En este sentido, la asociación recuerda que trabaja «activamente» en la elaboración de un Libro Blanco que examinará integralmente el diseño de las Haciendas Locales y señalará alternativas para transformar y modernizar la arquitectura fiscal actual frente al «olvido y abandono» que padecen los tributos locales, «desatendidos por el legislador estatal y anclados en esquemas fiscales del siglo XIX».
