El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha declarado compleja la causa en la que se investiga a exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña por presunta rebelión relacionada con el denominado ‘procés’, tal y como le había pedido la Fiscalía, los que supone que la instrucción puede ampliarse hasta un máximo de 18 meses.
Así lo ha acordado este jueves en un auto, tras escuchar los informes favorables a esta ampliación del plazo de investigación realizadas tanto por la Abogacía del Estado como por la acusación popular ejercida por Vox y por la práctica totalidad de las defensas.
En sus fundamentos de Derecho, afirma que «El artículo 324 de la LECrim en su redacción dada por la Ley 41/2015, establece un plazo general para la instrucción de 6 meses que se eleva a 18 cuando la instrucción es declarada compleja«.
Entre los motivos por los que una causa puede catalogarse como compleja están: «la existencia del gran número de investigados; la necesidad de examen de abundante documental obrante en la causa; abundante número de incidentes procesales referidos a medidas cautelares o solicitud de diligencias de investigación, lo que hace necesaria la revisión de la actuación de los investigados, en diferentes ámbitos y parcelas de responsabilidad delictiva, muchas de ellas asociadas al desempeño de funciones públicas ya la desviación de uso de fondos públicos, en relación con actuaciones que se prolongan en el tiempo».
En su auto, el juez Llarena entiende que valorando «la concurrencia de las causas alegadas por el Ministerio Fiscal y su adhesión por las demás partes, no puede desconocerse el hecho de que la imputación a gran número de personas, tal como recoge el art. 324.2 de la LECrm, es un motivo que se da en el presente caso y suficiente para declarar la complejidad de esta causa«, eso sí, matiza que «sin perjuicio de que con posterioridad y tras las diligencias que deban practicarse puedan resultar implicados en los hechos objeto de instrucción otras personas».
Por todo ello, y «conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, oídas las partes, cabe declarar la complejidad de esta instrucción yen consecuencia fijar en dieciocho meses el plazo general establecido en el indicado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
