Foto de Familia de las mujeres congresistas que han participado.
La “Cumbre” de Mujeres con discapacidad en el Senado denuncia su discriminación ante la justicia
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03/3/2018 06:00
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Actualizado: 02/3/2018 21:27
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La celebración de la II Conferencia Sectorial de Mujeres con discapacidad en el Senado español, evento organizado por la Fundación CERMI Mujeres (FCM) este viernes ha puesto de manifiesto la aún existente discriminación que sufren las mujeres con discapacidad frente a la Administración de Justicia.
Todos los expertos invitados señalaron la necesidad de trabajar para frenar dicha discriminación. Cuestiones como su capacidad jurídica e igualdad ante la ley; como influye la violencia de género si son víctimas de maltrato o incluso el análisis de la jurisprudencia desde el 2008, donde aún se les califica de retrasadas o disminuidas son cuestiones a modificar
En esta Conferencia sectorial estuvieron presentes e secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz; el director general de relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Joaquín Delgado, y la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez.
Además, se ha desarrollado la mesa ‘Igualdad ante la ley y capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad’ y se ha entregado el ‘Premio Cermi.es 2017’ en la categoría Fundación CERMI Mujeres – Acción en Beneficio de las Mujeres con Discapacidad al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde el pasado ejercicio es miembro del Patronato de la FCM.
En cuanto a los debates, hubo uno que bajo el título ‘El acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad’, fue moderado por Amalia Diéguez, patrona de la FCM. Soledad Cisternas, enviada especial de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, señalo que hay que generar los ajustes razonables a las personas con discapacidad en los procesos judiciales y que los profesionales que intervienen en estos procesos tengan formación adecuada para atender las necesidades específicas de estas personas
Para esta experta “El poder judicial tiene que ser ejemplar en materia de accesibilidad”. Al mismo tiempo subrayó que que el acceso a la justicia de todas las personas es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. “Espero que este objetivo se cumpla, porque sin duda, contribuirá a fortalecer el sistema democrático”.
Policías y mujeres con discapacidad
En este sentido, Mª Elena Palacios, inspectora jefa de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía, detalló el trabajo que se realiza desde esta institución con las mujeres con discapacidad, con especial atención a las que han sufrido violencia machista. Así, puso en valor la figura del ‘facilitador’, “que en ocasiones, como su nombre indica, hace mucho más fácil la comunicación para las mujeres con discapacidad”.
“Atendemos a la víctima, la escuchamos, la asesoramos y ayudamos a denunciar si procede, y valoramos el riesgo, poniendo protección incluso antes de que haya un pronunciamiento judicial”, comentó Palacios, que hizo hincapié en que en todos los procesos se dé cumplimiento a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, destacó los obstáculos que afectan a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. En este sentido, remarcó la “importante desconfianza” que estas personas tienen todavía hacia la administración de justicia y el “ miedo la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas por razón de discapacidad”.
“Una mujer con una determinada discapacidad puede tener una capacidad total para el cuidado de sus hijos, aportándoles además un valor afectivo muy importante que no se ve aminorado por tener algún tipo de discapacidad”, comentó.
Sociedad machista que no valora a estas mujeres
Para Rebeca Gómez, psicóloga forense y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF), el acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad “no es tanto una cuestión únicamente de obstáculos sino, en muchos casos también de desconocimiento y prejuicios.
Además, recordó que “en muchas ocasiones los problemas vienen antes del proceso judicial y esto desincentiva a las mujeres con discapacidad a la hora de poner una denuncia”. “El problema es que se concibe a las mujeres con discapacidad como menos mujeres por el machismo imperante”, ha concluido.
Una de cada tres mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido algún tipo de violencia física, psíquica o sexual, lo que supone más del doble que las mujeres sin discapacidad
Posteriormente, tuvo lugar la presentación de un estudio sobre discriminación a mujeres con discapacidad en sentencias judiciales bajo el marco de los derechos humanos, a cargo de la experta Laura Seara, de la Red Talento Consultora, que fue presentada por Concha Díaz, miembro del Patronato de la FCM.
Seara explico que el trabajo analiza múltiples sentencias dictadas a partir de 2008, año en el que entró en vigor la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además denunció la falta de datos estadísticos existentes en ámbitos como los internamientos involuntarios de mujeres con discapacidad.
Para esta experta pese a los avances que se están produciendo en la aplicación de la Convención de la Discapacidad de la ONU, sigue habiendo fallos que no aplican este tratado. “En pleno siglo XXI, nos hemos encontrado con sentencias que hablan de ‘retrasadas’ y ‘disminuidas’, dictadas en audiencias provinciales y en el propio Tribunal Supremo”, ha agregado.
Mesa redonda con Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía; Amalia Fernández, Themis; Isabel Caballero, coordinadora de Fundación Cermi Mujeres, moderadas por Maria Valencia Beltran de Fundación Cermi Mujeres.
Sistema de incapacitación
Sobre el actual sistema de incapacitación recordó que “penaliza doblemente a las mujeres, pues hay más mujeres incapacitadas que hombres. Se usa la incapacitación con intención de someterlas a esterilizaciones y privarlas de ser madres, mientras en el caso de los hombres con discapacidad, suele ser por motivos de manejo de su patrimonio”.
En este contexto también reveló otra cuestión importante como es la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en el reparto de la custodia de los hijos e hijas, porque a su juicio, “la sociedad patriarcal no las considera aptas para tomar decisiones sobre su patrimonio o su maternidad”.
En esta línea se expresó también la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, que afirmó que “la situación de las mujeres con discapacidad es aún más difícil y ahora es el momento de que, desde todas las organizaciones y desde la sociedad en su conjunto, se trabaje para visibilizar el maltrato a las mujeres y niñas con discapacidad, proponer protocolos específicos de apoyo y prevención de la violencia”.
Por su parte, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, enumeró algunas de las claves del estudio sobre esterilizaciones forzosas contra mujeres y niñas con discapacidad elaborado por la FCM y presentado en febrero.
Además, exigió que se prohíba esta práctica en España y a puesto como ejemplo a Suiza, un país donde no sólo se ha dejado de realizar, sino que se está indemnizando a las mujeres que han sido sometidas a procesos de esterilización forzada.
Por último, tuvo la mesa de análisis ‘La protección a las víctimas’, que ha sido moderada por la patrona de la FCM Marta Valencia, durante la que la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, expresó su preocupación por las cifras que reflejan que aún hoy “una de cada tres mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido algún tipo de violencia física, psíquica o sexual, lo que supone más del doble que las mujeres sin discapacidad”
En este sentido, Victoria Ortega ha abogado por apostar por la formación como elemento imprescindible. “Es esencial conocer la realidad de las mujeres con discapacidad y que la asistencia jurídica se haga, no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva de discapacidad, ya que muchas veces la discriminación proviene de la propia ignorancia”.
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