Momento en el que los diputados Alexandra Fernández, Joan Tardà y Enric Bataller y Simona Levi registran la propuesta en el Congreso.
15 diputados impulsan una proposición de ley que generalice las demandas colectivas contra los «fraudes sistémicos»
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21/3/2018 06:10
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Actualizado: 02/6/2021 14:42
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15 diputados de distintos grupos políticos, haciendo un uso inédito del Reglamento de la Cámara, han firmado y registrado una iniciativa parlamentaria para generalizar el uso de demandas colectivas y agrupadas contra los «fraudes sistémicos», rompiendo la actual normativa que data del 2009 que limita el uso de este tipo de procedimientos a asociaciones de consumidores y al propio Ministerio Fiscal.
En dicha iniciativa también ha colaborado como impulsores la sociedad civil a través de diferentes asociaciones y profesionales como Simona Levi de Xnet, 15MpaRato – Impulsores del caso Bankia-, Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), cuya presidenta es Patricia Suárez Ramírez, la letrada Nuria Organista, el abogado Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III.
La idea de los promotores es generalizar, como sucede en países como EEUU, donde la class action funciona y repara intereses colectivos en asuntos de estafas sistémicos, el uso de demandas colectivas en nuestro país. Desde el 2009 que se hizo la última modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, este tipo de demandas está restringida a asociaciones de consumidores y al propio Ministerio Fiscal, cuestión que ahora quiere generalizarse.
En el acto de presentación en el Congreso de los Diputados intervinieron Simona Levi, de XNET, y Patricia Suárez, de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros), en representación de los grupos ciudadanos promotores de la Proposición, acompañadas por los diputados Alexandra Fernández, Joan Tardà y Enric Bataller, quienes manifestaron la necesidad de impulsar estas prácticas de demandas colectivas y agrupadas, a través de la Proposición de Ley (PL) presentada este martes y así paliar el déficit existente en nuestra legislación española.
La Proposición de Ley propone la modificación de cuatro artículos (arts. 6, 11, 15, 221) y la creación del artículo 71 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según la ley actual, las demandas colectivas solo pueden ser presentadas por las asociaciones de consumidores y por el Ministerio Fiscal.
Junto a la presentación de esta Proposición de Ley, Xnet ha planteado una nueva propuesta metodológica de colaboración entre sociedad civil organizada y el Congreso de los Diputados partiendo de un uso inédito del Reglamento parlamentario.
Intervención de Patricia Suárez de Asufin y Simone Levi de Xnet.
Simona Levi reiteraba que «la democracia debe ser colaborativa entre la ciudadanía y el Congreso de los Diputados. Por eso, utilizamos un resquicio legal del Reglamento del Congreso de los Diputados para plantear la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y hacer posible que se puedan presentar demandas colectivas para los afectados por demandas sistémicas». «Es urgente -ha añadido- solucionar que los diputados se impliquen porque estos temas prescriben, aquí apelamos a su responsabilidad».
Po su parte, Patricia Suárez ha precisado que «hasta ahora la demandas colectivas solo puede interponerlas la Fiscalía y las asociaciones de consumidores y usuarios». «Todo esto – ha incidido- supone una traba para miles de ciudadanos al ser un proceso agotador y muchos de ellos desisten a seguir batallando». Desde su punto de vista tampoco la actitud de los jueces ha servido para promover esta práctica “a nivel de su trabajo y cómputo de actividad laboral vale igual una sentencia individual que asumir otra colectiva, cuestión que debería modificar el CGPJ, como ya le comentamos hace años y no nos hizo caso”.
Ahora, con la normativa existente, una Plataforma de Afectados tiene que llegar a un acuerdo con una asociación de consumidores para promover una demanda colectiva, lo que restringe su desarrollo futuro.
Para Suárez, “el consumidor debe ser libre de cómo resolver su conflicto jurídico y los sucesivos Gobiernos que ha tenido este país hasta la fecha no han fomentado este tipo de reclamaciones colectivas”. Y destacó como el RD de Guindos de cláusulas suelo a nivel extrajudicial con resultados muy pobres de resolución y la via judicial que se ha abierto ha disuadido a muchos afectados por reclamar. “Los juzgados especializados creados han sido un fracaso y están ya totalmente colapsados”.
La presidenta de Asufin recordó que este momento es el ideal para abrir el debate en nuestro país y apostar por la generalización de este tipo de demandas. En su intervención aludió a que también a nivel comunitario se está estudiando el tema con visos de aprobación en el futuro de este tipo de prácticas”. Recordó que las reformas que se proponen en el Código Civil ayudarían a gestionar estos casos masivos.
Ventajas indudables de las ventajas colectivas y agrupadas
Entre los impulsores, Fernando Zunzunegui, abogado, experto en derecho financiero, ya mostró a CONFILEGAL recientemente su idea de que la proliferación de las demandas colectivas y agrupadas pudieran utilizarse en mayor medida en asuntos de estafa sistémica. “Una forma de reducir los costes de estos asuntos para el consumidor y de reducir la litigiosidad existente. Eso permitiría reparar el problema de los perjudicados, no saturarl a justicia y pasar página a situaciones de abusos generalizados ”, destaca.
La generalización de demandas colectivas y agrupadas en nuestro ordenamiento ayudaría a desatascar nuestros juzgados, reduciría costes del proceso y resolvería asuntos a un mayor número de perjudicados
Zunzunegui, al igual que Suárez ha manifestado en varias ocasiones, observa que aún hay una parte mayoritaria de afectados que no demanda pese a tener razón “el pago a abogados y la condena en costas es disuasorio a veces”. Para este experto en derecho financiero “el Banco de España debería gestionar el dinero que los bancos cobraron de más, como se ha hecho en Reino Unido y facilitar la agrupación de demandas para reducir esos costes, igualar las condiciones de ambas partes del procedimiento y que sean operativos la gestión de los procedimientos en los tribunales”.
Desde su punto de vista “no es lo mismo asumir diez mil demandas que asumir una demanda con diez mil afectados. Es más complicado, gestionar demandas masivas pero desatascarían los tribunales, tal y como están los juzgados unipersonales de cláusulas suelo, criticados desde diferentes estamentos, incluido el propio Defensor del Pueblo. En las cláusulas suelo ni el sistema extrajudicial que se puso en marcha ni luego las reclamaciones judiciales desde dichos juzgados han fracasado respectivamente. Hay dos tercios de las peticiones por resolver y no es equitativo solo el que demanda recibe su compensación, cuando hablamos del mismo abuso generalizado”.
Para este experto jurista, el Gobierno debería dar una solución global a estas malas prácticas masivas “habría que evitar medidas disuasorias sancionadoras para que las entidades bancarias no cayeran en estas malas prácticas. España no ha abierto ningún procedimiento por estas cuestiones, afeado este comportamiento por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso significa que los bancos tienen los incentivos suficientes de seguir haciendo este tipo de prácticas. La banca litiga todo lo que quiere y eso hace que algunos consumidores no reclamen y otros reciban ese dinero adelantado más tarde de lo habitual”.
Más adhesiones
A esta iniciativa se han unido también organizaciones como Acción Cívica contra la Corrupción, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, la Unión de Consumidores de Asturias, David Bondia Garcia, profesor titular de Derecho Internacional Público (UB), presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y Raúl Burillo, inspector de la Hacienda Tributaria de España.
Junto a ellos también se han adherido a dicha iniciativa otros colectivos con el Colectivo Ronda, Abogados, laPlataforma de Afectados por la Hipoteca o la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia Tribunal Ciudadano de Justicia.
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