La Junta General del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), reunida en sesión Ordinaria y Extraordinaria, validó mayoritariamente las cuentas del último año de la anterior Junta de Gobierno, que presidía Sonia Gumpert, poniendo así fin a las dudas que se pusieron sobre las mismas en las primeras semanas de este nuevo mandato. Votaron, a favor, 850, 210 lo hicieron en contra y 168 se abstuvieron.
El Colegio cerró el ejercicio 2017 con un superávit de 320.216 euros. La suma alcanzada en el apartado de ingresos, 29,5 millones de euros, es un 5,5% superior a la cantidad presupuestada.
Este crecimiento, cifrado en 1,5 millones de euros, responde a unos mayores ingresos de los previstos tanto en cuotas de incorporación y ordinarias como en subvenciones y convenios, además del beneficio obtenido por la venta del inmueble sito en el Paseo de la Castellana -el antiguo despacho del anterior decano, Antonio Pedrol Rius, donado al Colegio tras su muerte- acordada en la Junta General Extraordinaria de 20 de julio de 2017.
En total votaron en esta Junta General un total de 1.228 colegiados.
El ICAM cuenta con 43.625 colegiados ejercites y 33.800 no ejercientes, por lo que la participación sigue siendo la asignatura pendiente de la mayor corporación de derecho público de Europa y el primer colegio, en número de miembros, de los 83 existentes en España.
Aprobados los nuevos presupuestos
Durante la mencionada Junta General se aprobaron los presupuestos de la institución para este año con un apoyo del 86 por ciento (850 votos), 128 en contra y 10 abstenciones.
«Inauguramos esta legislatura con una voluntad y una convicción absolutamente transformadoras y con la firme vocación de atribuir los mayores recursos tecnológicos, económicos y materiales a los colegiados que más lo necesiten», declaró el decano José María Alonso durante la presentación de sus primeros presupuestos.
La corporación madrileña dispondrá de un presupuesto de 28,6 millones de euros para el presente ejercicio, cifra que supone una reducción del 1,8% respecto al gasto real del año anterior y un incremento del 2,4% respecto a la cifra presupuestada en 2017.
Todo ello sin incrementar las cuotas, que se mantienen congeladas.
Durante la Junta General, la nueva Junta de Gobierno salida de las elecciones del pasado 13 de diciembre explicó que potenciará el área de Defensa de la Abogacía e impulsará un Plan de Igualdad.
El proyecto, aprobado por dicha Junta General, contempla la creación de un Fondo de desarrollo profesional para apoyar a los colegiados que más lo necesiten, como los abogados jóvenes, aquellos que buscan su primer empleo o quienes apuesten por montar su propio despacho.
Los presupuestos también prevén la creación de un servicio de «headhunter» y el desarrollo de una nueva «App» para facilitar la relación de los colegiados con la institución.
Además, se incluyen nuevas partidas para desarrollar la Gestión del Conocimiento, dando acceso a los colegiados a las mejores bases de datos del mercado, y se duplica la cantidad asignada a las Secciones profesionales.
El proyecto tecnológico con IBM
Alonso hizo un paréntesis en la presentación de los presupuestos para explicar los pormenores del proyecto tecnológico contratado con IBM para llevar a cabo la transformación digital del Colegio.
Por una parte, se puso por primera vez fecha de entrega del proyecto, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio, lo que supone una demora de los plazos acordados por la anterior Junta.
Asimismo, se anunció que el Colegio realizará una profunda revisión tanto de las causas de la demora como de los posibles sobrecostes que conlleve, con la consiguiente rendición de cuentas y atribución de responsabilidades.
En aras de la máxima transparencia, el decano comunicó que se facilitará el acceso al contrato del proyecto tecnológico a los colegiados que lo soliciten y firmen previamente un documento de confidencialidad.
Lo hecho hasta ahora
Del trabajo realizado en los dos meses y medio transcurridos desde su toma de posesión, el decano destacó las reuniones mantenidas con las más altas autoridades de la judicatura y del Estado en defensa de «un papel más relevante para la abogacía», las gestiones a favor del Turno de Oficio «porque los baremos están desfasados» y las acciones emprendidas para contribuir a fortalecer los servicios de Nueva Mutua Sanitaria, que incluyen la designación de una consejera.
