Desde hace unos meses, y semanas por circunstancias desgraciadas como el crimen contra la vida del pequeño Gabriel, el tema jurídico y político con más repercusión social es el mantenimiento o supresión de la prisión permanente revisable.
Son numerosas las opiniones a favor y en contra de la medida, lo que hace aún más complejo encontrar una solución que satisfaga a todos.
En mi modesta opinión, es muy complicado conciliar con argumentos políticos o sesudos enfoques jurídicos una cuestión tan emocional como es la pérdida de un ser querido.
La razón no es suficiente para aplacar el dolor de unos progenitores ante el fallecimiento, por causas violentas, de un hijo.
Además, es trascendental distinguir entre delincuentes más o menos violentos de sujetos con patologías psiquiátricas.
Así, al delincuente, el sistema jurídico le aplica dos medidas: una retributiva, que es la pena, y otra reeducadora para alcanzar la reinserción social.
Por desgracia, en la mayor parte de los casos solo se alcanza la primera y, por tanto, es insuficiente para los fines que pretende el sistema penitenciario, devolviendo nuevamente a la sociedad a personas con un alto índice de peligrosidad, sin alternativa alguna.
Más complicado es el caso de aquellas personas que padecen alguna enfermedad mental, donde la psiquiatría no es capaz de conseguir la sanación de esos enfermos.
Ante tal panorama, ¿qué opción nos queda?
Simplemente el sistema no dispone de mecanismos para apartar a estas personas de la sociedad, y el cumplimiento de la pena está probado que no disuade a estos sujetos peligrosos que, inexorablemente, vuelven a reincidir en delitos similares.
Si, un día en la noche de los tiempos, como decía Rousseau, la sociedad civil hipotéticamente decidió abandonar la justicia privada y dejar atrás el estado de naturaleza, transfiriendo el poder punitivo al Estado, es obvio que éste, y en concreto el legislador, tiene que encontrar mecanismos que garanticen la integridad y seguridad de los ciudadanos.
En todo caso, el sistema actual de prisión permanente revisable es extremadamente complejo, lo que conduce a pensar en la escasa confianza del legislador en esta medida, independientemente de su mantenimiento o supresión.
¿Deberían buscarse alternativas más sencillas en su aplicación que sumen a la paz social?
