Reclaman un cambio normativo a la Ley del Tercer Sector para que atienda a los colectivos más vulnerables
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26/3/2018 05:58
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Actualizado: 25/3/2018 16:23
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El secretario general de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y ONCE, Rafael de Lorenzo, asegura que la actual Ley del Tercer Sector, que se aprobó hace dos años y todavía está sin desarrollar, “no es suficiente” para que el Tercer Sector de Acción Social tenga un status adecuado de interlocución con el Gobierno que permita atender las demandas sociales.
En este sentido, subraya que si existiese “más interlocución efectiva” el Estado conocería de primera mano los problemas reales de las personas en situación de vulnerabilidad. De Lorenzo participo durante la celebración de la sesión informativa de la Ley del Tercer Sector, organizada por la PTS y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) dentro del convenio de colaboración que tienen suscrito.
En los últimos años, en medio de la actividad del sector público y del privado ha surgido una nueva tendencia. Este movimiento está estructurado en organizaciones, entidades que sin ser públicas y sin perseguir el beneficio que caracteriza al libre mercado están conformando, lo que se denomina el Tercer Sector. Son instituciones sin ánimo de lucro que revierten todos sus beneficios en la propiedad entidad para cumplir sus objetivos fundacionales.
Los últimos datos revelan que la población vulnerable crece en nuestro país. El informe “Población especialmente vulnerable ante el empleo en España”, publicado el presente mes de marzo -realizado por las consultoras Accenture y Fedea definen el perfil de las personas más vulnerables ante el desempleo, así como de su distribución a nivel geográfico.
La población especialmente vulnerable ante el empleo (EVAE) en España está en el rango de los cuatro millones de personas aproximadamente. En concreto se estima que en el cuarto trimestre del 2016 había 4,2 millones de personas en esta situación.
De esta población, 1,8 millones tienen una alta probabilidad de seguir sin empleo a lo largo del 2017. El resto de personas especialmente vulnerables ante el empleo, tienen una alta probabilidad de encontrarse en situación de pobreza en el trabajo a lo largo del 2017
Durante esta jornada de trabajo que tuvo en el propio CGAE, el secretario general de la PTS ha asegurado que la Ley del Tercer Sector fue pionera y por lo tanto ha permitido avanzar en algunos aspectos como, por ejemplo, el compromiso del Tercer Sector con los Derechos Humanos, tal y como dicta la exposición de motivos de la norma.
Para el propio directivo es evidente que estamos ante “una ley de mínimos con fuerza interpretativa que entronca con los valores que persigue el Tercer Sector de Acción Social como son la justicia, solidaridad, no discriminación e inclusión”, matizó.
Jornada formativa en la ONG La Rueca, una de las entidades que configura este movimiento asociativo.
Además, señaló que la ley dota de marco jurídico al Tercer Sector de Acción Social aportando claridad y nitidez en la definición de quienes forman parte del mismo. “Ahora las entidades están más articuladas que hace tres años, y el sector más cohesionado, pero aun así no es suficiente para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos como, por ejemplo, la sostenibilidad o la creciente desigualdad que existe en España”.
En este sentido, indicó que “la sociedad civil organizada y legitimada es quien puede contribuir a dar respuesta a las necesidades sociales”. Por esto, añadió, la finalidad de la ley tiene que ser atender mejor a los colectivos más vulnerables. En relación a esto, recordó que el Tercer Sector de Acción Social está compuesto por casi 30.000 entidades, atiende a 7 millones de personas y supone el 1,7% del PIB en España.
De Lorenzo confía en que el Gobierno, en un corto plazo de tiempo, haga efectivo el desarrollo normativo que contempla la ley y que, entre otras cuestiones, se encuentra el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector, con el que se podrán seguir aportando soluciones viables a los problemas de exclusión social que existen en la sociedad. “Solo esta regulación de contenidos podrá servir de palanca para que desde ahí el Tercer Sector vaya conquistando nuevas cotas”, ha concluido.
Fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España (PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE), a la Plataforma se han sumado posteriormente la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia. Actualmente, está integrada por veinte organizaciones por medio de las cuales representa a cerca de 30.000 entidades del ámbito social.
Garantizar la igualdad de oportunidades
Hace unos días, la propia Plataforma del Tercer Sector (PTS) propuso incorporar al Plan Nacional de Reformas (PNR) 2018-2019 los contenidos del Pilar Europeo de Derechos Sociales para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y una protección social adecuada y sostenible que incluya el acceso a la sanidad y los cuidados de larga duración.
Así lo pidió recientemente la PTS en una reunión que mantuvo en la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, en la que han presentado sus propuestas al PNR, que España tiene que elaborar cada año para remitirlo al Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) y a la Comisión Europea para coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos de la UE.
Al acto acudieron Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer; Carlos Susías, vicepresidente Acción Política e Institucional de la PTS; Eva Valle, directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y Graciela Malgesini, responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN España).
Durante el encuentro la Plataforma del Tercer Sector también puso sobre la mesa la necesidad de buscar nuevas vías de financiación para dar sostenibilidad al sector, tras el cambio de modelo en el reparto de la subvenciones del 0,7% del IRPF.
Con respecto al Plan Nacional de Reformas 2018-2019, la PTS defiende, entre sus propuestas, mantener los programas de protección a las personas paradas. Este es un punto que preocupa ya que la tasa de paro es del 16,5% y gran parte de esta cifra corresponde a parados de larga duración.
En este sentido, desde la PTS consideran que estos programas, una vez extinguida la prestación, “cumplen una importante misión”. “Consideramos que los intereses y derechos de las personas paradas y, especialmente, las que carecen de ingresos y tienen necesidades básicas que cubrir, deberían ser prioritarios, con respecto a cualquier ordenación administrativa”, han subrayado.
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