La decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein (Alemania) de dejar en libertad bajo fianza de 75.000 euros al ex presidente catalán Carles Puigdemont al apreciar que su extradición no es posible en base a un delito de rebelión, abre la puerta a un escenario de múltiples consecuencias. A continuación se exponen siete claves a tener en cuenta tras su puesta en libertad:
1.- ¿Por qué Puigdemont queda en libertad bajo fianza y cuándo saldrá?
El Tribunal Regional Superior (OLG) del estado federado Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, considera que la imputación del delito de rebelión por el que fue procesado Puigdemont en España es «inadmisible» y precisa que el riesgo de fuga del líder independentista se reduce.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña saldrá este viernes de cárcel de Neumünster, donde se encuentra desde el 25 de marzo cuando fue detenido en el norte de Alemania procedente de Finlandia.
Podrá salir una vez abone los 75.000 euros de fianza que le ha impuesto el tribunal alemán.
2.- ¿Sigue adelante el proceso sobre la entrega de Puigdemont a España?
Sí. Aunque la Justicia alemana descartó el delito de rebelión, el proceso sobre la entrega de Puigdemont a España sigue adelante en base al delito de malversación de fondos públicos, incluido también en la orden de detención europea dictada por el Tribunal Supremo. En su comunicado, el tribunal alemán explica que «para decidir si se produce esa entrega hay que aclarar circunstancias y tener más información».
3.- ¿Por qué el tribunal alemán no aprecia delito de rebelión?
EL OLG de Schleswig-Holstein considera que el delito de alta traición, comparable en Alemania al de rebelión, no se cumple en este caso porque «no se aprecia la característica de ‘violencia'».
4.- ¿Qué supone que la Justicia alemana no aprecie rebelión?
En caso de que el tribunal alemán decida en los próximos días entregar a Puigdemont a España, la Justicia de este país no podrá juzgarlo por el delito de rebelión, el más grave que se le imputa, castigado con hasta 30 años de cárcel.
El magistrado que instruye la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, retiró en diciembre una primera euroorden de detención contra el político, que se encontraba en ese momento en Bélgica, precisamente para evitar que las autoridades de ese país redujeran la posibilidad de juzgarlo por todos los delitos imputados, incluido el de rebelión.
5.- ¿Cuándo se sabrá si Alemania entrega a Puigdemont a España?
El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein debe tomar la decisión, pero no existe un plazo determinado. La normativa que regula la euroorden no fija límites de tiempo a la decisión judicial, sin embargo sí establece un plazo recomendado de 60 días (ampliable a 90 en casos excepcionales) que suele cumplirse. La media se sitúa en 48 días.
6.- ¿Puede el Gobierno alemán vetar la entrega?
Los abogados alemanes de Puigdemont confiaron la semana pasada en que el Gobierno alemán «no consienta la extradición» al considerar «las acusaciones injustificadas». No obstante, expertos aclaran que, a diferencia de lo que ocurre en un proceso de extradición tradicional, ante una euroorden el Poder Ejecutivo no interviene en ningún caso.
«Sería un gravísimo ilícito que daría derecho a que España demandara a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una situación impensable», expone Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El también docente de la Universidad Autónoma Antonio López Castillo coincide en la postura y asegura que la euroorden «radica en el principio de mutua confianza».
7.-¿Puede cambiar la decisión del tribunal otra instancia alemana?
Los abogados de Puigdemont en Alemania recurrieron ya la solicitud de entrega a España de la Fiscalía confiando en «un análisis independiente y apropiado del Tribunal Regional Superior de Schleswig», pero los expertos ven improbable un cambio de postura en una situación regular.
«Lo único que podría dar posibilidad de amparo ante el Tribunal Supremo o el Constitucional es que en el procedimiento hubiera una violación de derechos fundamentales por parte de la Fiscalía o del tribunal, algo muy raro», asegura la catedrática.
