Los creadores piden procedimientos judiciales agiles y medidas para combatir la piratería digital
José Manuel Tourné, director general de FAP; Estela Artacho, presidenta de Fedicine; Emilio Fernández del Castillo, responsable de Antipiratería y Métricas Digitales de LaLiga; Óscar Sáenz de Santa María, director General de Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Carlota Navarrete, directora General de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos; Antonio Guisasola –presidente de Promusicae y Jorge Corrales, director General de Cedro.

Los creadores piden procedimientos judiciales agiles y medidas para combatir la piratería digital

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07/4/2018 05:55
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Actualizado: 06/4/2018 21:18
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En 2017 el valor de los contenidos ilícitos a los que se accedió fue de 21.899 millones de euros, lo que representa una disminución del 6 % respecto a 2016, y una disminución acumulada del 9 % respecto a 2015 según el informe realizado por la consultora GFK  y presentado este viernes  por la Coalición de Creadores en el Ministerio de Cultura. Los creadores piden más agilidad en los procesos judiciales y que se puedan adoptar medidas cautelares que frenen esta práctica.

Durante el pasado año  4.005 millones de accesos ilegales a contenidos digitales por valor de 21.899, produciendo un lucro cesante de 1.857 millones, un 4,1 % más que en 2016 Un 78 % de consumidores considera que la medida más eficaz contra la piratería es bloquear el acceso a las webs piratas.

Un escenario sin piratería permitiría crear 20.375 nuevos puestos de trabajo directos, y unos ciento quince mil empleos indirectos. Las arcas públicas podrían haber ingresado 575 millones de euros entre IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social de no ser por la piratería.

Carlota Navarrete, directora de la Coalición, señalaba que: “la tendencia iniciada en 2016 se afianza, y aunque lejos aún de los índices de bloqueos de páginas piratas de países como Portugal, con más de 800,  o Italia, 450, consideramos que los datos apuntan a que el camino emprendido es el correcto y que nuestra demanda de reforzar y agilizar la aplicación de las medidas legislativas e incrementar la dotación de recursos técnicos y humanos de la administración a la vez que se desarrollan campañas de concienciación es claramente acertada”.

“Queremos destacar también –añadía  Navarrete- el esfuerzo continúo realizado por la industria para combatir en todos los ámbitos la piratería, que además de presentar cerca del 90 % de las denuncias en vía administrativa, el año pasado logró importantes éxitos en la vía civil y penal y no cesa en su voluntad de mejorar la oferta legal de contenidos”.

Y concluye “Cómo el problema sigue siendo grave, éste ligero avance en la lucha contra la piratería nos debe alentar para seguir trabajando y pedir enérgicamente a todos los actores, públicos y privados, implicados, aún más esfuerzos para combatirla”.

Medidas que son efectivas

Para el director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María los datos de visitas a las 250 webs más visitadas en España, recogido en el ranking de Alexa –web de medición de visitas-, se desprende que la piratería estaría en España en claro descenso. Así, entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de marzo de 2018, en este ranking se observa que se ha pasado de tener 19 páginas piratas entre las 250 webs más visitadas en 2017, a 10 páginas en 2018 y sólo una parece tener vínculos identificados con España.

Este  descenso se debe en buena parte a las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para luchar contra la piratería y al incremento de la oferta legal en Internet en nuestro país en estos dos últimos años. La Secretaría de Estado de Cultura se identifica plenamente con las propuestas que realiza el informe del Observatorio como son: bloqueos de webs, campañas de sensibilización, etc., que de hecho es su línea de actuación a través de los proyectos recogidos en el Plan Cultura 2020.

En la actualidad, además, la actividad de la Sección Segunda de la Secretaría de Estado de Cultura está obteniendo muy buenos resultados tras el incremento de los medios tecnológicos y humanos, la obtención de nuevos autos judiciales de bloqueo y la mayor colaboración con las operadoras de acceso a Internet y con los servicios de publicidad en la ejecución de las medidas impuestas por las resoluciones finales de dicho órgano.  A este respecto se sabe que permitido una reducción en tiempos de tramitación de más del 60% con respecto a 2017.

Dicha Sección Segunda desde sus inicios ha logrado 37 bloqueos de nombres de dominio web autorizados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Audiencia Nacional), a petición de la Sección Segunda;-La retirada voluntaria de contenidos ilegales por más de 338 webs vulneradoras, el 95% de las webs que han sido notificadas por esta sección .Y el cese de actividad de hasta 88 dominios web.

Necesitamos medidas cautelares

Sin embargo, pese a esas medidas, para José Manuel Tourné, Director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP) es fundamental que los procedimientos judiciales sean más agiles y se puedan establecer medidas cautelares que frenen el consumo de contenidos ilícitos. “A este respecto pese a los avances citados los procedimientos judiciales siguen siendo muy lentos. La adopción de medidas cautelares sigue siendo muy lenta. Que el último estreno cinematográfico o de videojuego esté disponible en la red para quien quiera sigue siendo preocupante”.

El delito se está persiguiendo pero a juicio de este movimiento asociativo “son necesarias medidas cautelares que frenen dicha actividad. Por vía administrativa es lo que está siendo más eficaz. La justicia española sigue siendo lenta, dos años en el ámbito civil y cuatro o cinco años en el ámbito penal”, explicaba  Tourne.

Nuestro interlocutor recordaba  que en países como Italia se bloquean las webs piratas en quince días “o en apenas en una semana en Portugal. En España, la media que se tarda es de unos 400 días, pero aún así sigue siendo una medida ejecutiva porque impide el acceso a ese contenido ilícito. Sin embargo, cuatrocientos días después una película no tiene interés”.

En España se tarde en bloquear una web pirata 400 días, lo que hace que cualquier película o contenido ya no tenga interés para nadie

Desde este colectivo se valora el trabajo de Cultura para luchar contra la piratería. A este respecto el director general de esta entidad anunciaba la creación de un Código de Conducta, sobre todo de buenas prácticas para este sector al que podrán adherirse las empresas o entidades que lo deseen. También los acuerdos con los prestadores de servicio son importantes. Su trabajo como el de los buscadores pueden ayudar a que las cosas cambien”, apuntaba Tourné.

Ese Código de Conducta es una iniciativa de los Ministerios de Cultura e Industria, desde las respectivas Secretaria de Estado de Cultura y de la Sociedad de la Información que han invitado a los interesados a participar en ellos. Prestadores de servicios, proveedores de contenido, intermediarios también están invitados “Desde la Coalición de Creadores ya hemos hecho llegar nuestras propuestas de cara al diseño de su perfil”, destacaba Tourné. Lo importante será si se consigue el consenso deseado

Para este experto en propiedad intelectual, el considerando 56 de la Directiva de Derechos de Autor, directiva publicada en el 2001 ahí se recomendaba que los prestadores de servicio en Internet son los que están en mejor posición que nadie para colaborar en la desaparición de los contenidos ilícitos, a través de diferentes maneras. “Ese mensaje de la UE es importante porque generaba un régimen de responsabilidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que al final quedaba condicionado en nuestro país hasta que un juez determinase que fuera ilegal”.

En cuanto a la propuesta legislativa de Podemos sobre despenalizar el top manta que ya anunciara CONFILEGAL recientemente, José Manuel Tourné indicaba  que “este lunes tendremos una reunión con los representantes del mundo de la propiedad industrial y las marcas para iniciar algunas acciones sobre este tema. A nivel de técnica jurídica esta medida que se plantea es una barbaridad. Ya se intentó en el 2010, el gobierno de Zapatero y hubo que echar marcha atrás. Condicionarlo a que el producto de la venta sea superior a 400 euros, es absurdo”.

 Vista panorámica del Salón de actos del Ministerio de Cultura, Iñigo Palao, director de la Unidad de Negocio de la consultora GFK, en el atril, a la derecha explica lo más importante de este estudio.

Propuesta de Podemos, barbaridad jurídica

Para este jurista “no debemos mezclar el problema de la inmigración con el de los delitos de propiedad intelectual que están tasados en todos los países de nuestro entorno. Si hay unas circunstancias personales que modifican la responsabilidad de quien comete el delito, que es lo que está ocurriendo en algunos casos, están las circunstancias eximentes y atenuantes para proceder. El mantero debería alegar ese estado de necesidad para reducir la pena en atención a esas circunstancias pero el delito debe mantenerse como está regulado”

Por su parte, “desde LaLiga estamos satisfechos de seguir con la tendencia de reducción de individuos que visualizan el fútbol de manera ilegal, puesto que se ha reducido un total de cinco puntos desde 2015, pasando del 21% en 2015 al 16% en 2017”.

Tras la creación de un departamento específico por parte de LaLiga en la lucha contra la piratería audiovisual y la protección de los derechos audiovisuales, se han bloqueado 12 dominios de páginas web, desde el Departamento Legal de LaLiga.

Además, gracias a Marauder se han eliminado cerca de 168.000 vídeos en redes sociales y 124 apps, rozando un porcentaje de eliminación del 98,44%. Desde el compromiso de LaLiga de luchar contra la piratería hemos desarrollado nuestros propios mecanismos tecnológicos para enfrentarnos a ella, Marauder y Lumiere”, comentaba  el responsable de antipiratería de LaLiga, Emilio Fernández.

Cultura y Agenda Digital han propuesto al sector de creadores y sus interlocutores crear un Código de Conducta Voluntario, a modo de buenas prácticas sobre propiedad intelectual para mejorar la colaboración en este terreno.

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