El Banco Santander seguirá gestionando las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales de la Administración de Justicia de España por un nuevo periodo de 4 años, hasta 2022, después de que el BBVA desistiera de participar en el concurso que había convocado el Ministerio de Justicia.
Los letrados de la Administración de Justicia han celebrado la noticia. Porque son ellos los que tienen encomendada judicialmente esta función en la totalidad de los 4.500 organismos judiciales y más de 8.000 juzgados de paz, trabajo que realizan a través de las aplicaciones informáticas desarrolladas y facilitadas por Santander Justicia.
Hace dos meses, precisamente, algunas asociaciones expresaron públicamente su preocupación.
El desenlace final, que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Justicia con la apertura del sobre de oferta, ha sido un alivio.
Aunque la adjudicación tiene todavía que producirse formalmente, hay una única realidad, y es que Santander es la única entidad que se ha presentado al concurso.
«Es una noticia excelente. La aplicación desarrollada por el Santander es la que mejor funciona en los Juzgados de toda España. Además, son muy receptivos a cualquier problema que se presenta o a cualquier propuesta de mejora. Si, después de estudiarla, concluyen que es buena, la ponen en práctica de inmediato. Tenemos puesta toda nuestra confianza en su sistema y sus aplicaciones», opina Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Una línea que también suscribe Abigail Fernández, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ): «El servicio que presta el Santander funciona muy bien. En las encuestas de usuarios que se suelen realizar de forma regular, la valoración es muy buena. La noticia de su continuidad nos da mucha tranquilidad».
Según reconoce Fernández, a ellos les sorprendió el cambio de criterio introducido por el Ministerio de Justicia, convirtiendo todo en una cuestión de precio.
«La calidad tiene que ser ahora, y siempre, un criterio decisivo y determinante para decidir un cambio como este», añade.
DOS DÉCADAS
Con esta nueva adjudicación al Grupo Santander, completará dos décadas al frente de la gestión económica del sistema judicial español.
El servicio, que gestiona 4.300 millones de euros y más de 5 millones de cuentas judiciales, ha ido evolucionando a lo largo de los años y ha pasado de encargarse de gestionar los cobros y pagos a convertirse en una completa plataforma de servicios tecnológicos y de gestión económica de los asuntos judiciales con una enorme complejidad tecnológica.
Esto es lo que podría haber motivado que otras entidades hayan desistido.
El sistema desarrollado por este banco es una “isla” dentro de la Administración de Justicia, que considera su plataforma como la más avanzada y fiable del sistema judicial.
Administraciones judiciales de Brasil, Puerto Rico o Méjico se han interesado por el modelo español que se ha convertido en una referencia a nivel internacional.
El nuevo contrato seguirá facilitando a Santander España -del que es consejero delegado Rami Aboukhair-, el acceso privilegiado a un colectivo tan estratégico como es el de Justicia, con clientes de alto perfil bancario como es el personal de la administración de justicia (abogados del estado, fiscales, jueces, letrados de la administración y resto de funcionarios), y a los profesionales del sector legal (bufetes, procuradores y graduados sociales).
