La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha expresado su preocupación por la continuidad tecnológica de la aplicación informática que gestiona la cuenta de depósitos y consignaciones del Ministerio de Justicia, desarrollada a lo largo de los últimos 15 años por el Banco Santander, porque en este año concluye el contrato y tiene que salir a concurso.
Un concurso polémico en su planteamiento porque, en esta ocasión, el contrato se adjudicará exclusivamente por precio, en beneficio del Tesoro Público, cuando antes se adjudicaba por precio, en un 65 por ciento, y por tecnología, en un 35 por ciento.
Para la UPSJ este nuevo planteamiento provoca preocupación porque se haya dejado de primar ese plus tecnológico que ha permitido el desarrollo de una aplicación con la que todo el colectivo está muy satisfecho.
Por eso avisan: «Es preciso destacar que en la situación actual estamos encaminados hacia la excelencia y cualquier paso mal dado nos puede hacer retroceder, algo a lo que no estamos dispuestos, y por este motivo desde UPSJ apostamos por continuar con las líneas de actuación desarrolladas por el Banco Santander, puesto que con ello tenemos garantizado que la gestión de la CDCJ seguirá en la línea de la modernización tecnológica, objetivo perseguido por el actual equipo ministerial en lo relativo al funcionamiento de la Administración de Justicia».
HERRAMIENTA DE TRABAJO INSUSTITUIBLE
«La aplicación que nos permite gestionar la CDCJ es una herramienta de trabajo insustituible en el ejercicio de las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia en lo relativo a la ejecución de las resoluciones procesales, actividad clave para la prestación del servicio en la administración de justicia y la consecución de los derechos e intereses legítimos reconocidos al justiciable», dice la UPJS en un comunicado.
«Lo más destacable de la aplicación de la CDCJ es que se trata de un sistema único para todo el territorio nacional», añaden.
Lo que no deja de resultar paradójico y extraño en una Administración de Justicia donde existen 9 sistemas de gestión procesal que no se comunican entre ellos.
«La gestión económica de los asuntos judiciales desarrollada por el Banco Santander a través de la CDCJ es de la exclusiva responsabilidad y competencia del Letrado de la Administración de Justicia, produciendo un impacto económico que en año 2016 alcanzó un total de 17.128 millones de euros», explican.
De ahí la importancia de la gestión de las cantidades dinerarias, en euros o en divisas, que diariamente se mueven en las cuentas de los juzgados y tribunales.
Los interesados son el Tesoro Público, los ciudadanos, la entidad bancaria que gestiona la concesión y, desde luego, los encargados de trabajar con la herramienta que facilita el Ministerio de Justicia, es decir, ellos.
«Tenemos que recordar que las últimas mejoras permiten que podamos, desde nuestros ordenadores (y también con total seguridad desde nuestro domicilio o desde un teléfono móvil): realizar embargos de depósitos bancarios en casi la totalidad de entidades bancarias españolas, devoluciones de importes de la AEAT, usar la calculadora de intereses, llevar el control de la cuenta de forma fácil con el aplicativo excel implementado en el aplicativo y, la más reciente incorporación: la subasta electrónica», añaden.
UNA APUESTA VALIENTE
De acuerdo con la UPJS, la apuesta del Santander ha sido «valiente e innovadora». Reconocen que «provocó su rechazo inicial por parte de los operadores jurídicos».
«Sin embargo, actualmente funciona con agilidad y eficacia. Desde su implantación se han celebrado aproximadamente 68.000 subastas judiciales», afirman.
«Por estas razones, entre otras, es necesario poner de relieve el esfuerzo en medios personales y la inversión realizada por el Banco Santander en el desarrollo y mejora de la CDCJ, con la finalidad de que ello sea tenido en cuenta por el Ministerio de Justicia al tiempo de decidir la próxima adjudicación del contrato de apertura de cuenta de la gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales», prosiguen en su comunicado.
MISMAS FACILIDADES
A la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia le preocupa, especialmente, que la aplicación deje de funcionar como lo está haciendo en estos momentos, en el caso de que se produjera un cambio de banco concesionario ya que tendría que acoplar la tecnología desarrollada por Santander a sus propios sistemas, lo que, posiblemente, podría afectar al desarrollo de su trabajo.
«Si los Letrados de la Administración de Justicia encargados de gestionar las cuentas no tenemos las mismas facilidades que nos ha ofrecido Banco Santander, difícilmente podrá ser beneficiado el Tesoro Público y, sobre todo, los ciudadanos que son, en definitiva, los destinatarios del servicio público que es la Administración de Justicia», avisan.
