La Guardia Civil está registrando la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en busca de pagos relacionados con el referéndum del 1-O, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del 1-O.
Según informan a Europa Press fuentes conocedoras del registro, la actuación se desarrolla en las dependencias del Diplocat en la avenida Diagonal de Barcelona, donde se ubica el organismo que fue disuelto por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.
El organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente mañana, tal y como acordó el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una decisión que el Tribunal Supremo (TS) mantuvo después, pese a que había sido recurrida por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona.
El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.
La operación policial se enmarca en la línea de investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referéndum del 1-O pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de los observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los «estándares internacionales».
Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.
Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de «contrato de servicios».
En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.
