El Gobierno está estudiando la posibilidad de denunciar por malversación de fondos públicos a la Mesa del Parlament por la querella que va a presentar contra el juez del Supremo Pablo Llarena, y lo haría por la vía penal, no a través del Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha confirmado este sábado que la Abogacía del Estado ha pedido la documentación sobre la decisión del Parlament de querellarse contra el juez Llarena ver si esa acción puede ser constitutiva de un posible delito de malversación, según han informado fuentes del Ejecutivo.
La Mesa del Parlament aprobó este viernes la propuesta del presidente de la Cámara, Roger Torrent, de querellarse contra Llarena por presunta prevaricación pese a la oposición expresada por los letrados de la Cámara.
El acuerdo, salió adelante con los votos de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, y se adoptó después de que el juez se negase un día antes a excarcelar a Jordi Sànchez para poder asistir al debate de investidura.
Fuentes del Gobierno han señalado que la Abogacía ha solicitado esa documentación por si puede ser constitutivo de un delito de malversación. Esa actuación se llevaría a los tribunales por la vía penal, no al Tribunal Constitucional, según han precisado las mismas fuentes.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avisó este viernes que si la querella «la paga» el Parlament podría estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos. A su entender, «lo único que tiene que hacer» la Cámara catalana y lleva «incumpliendo» desde las elecciones del 21 de diciembre es elegir un candidato que cumpla la ley, «esté en condiciones de gobernar» y se dedique a «atender los intereses generales de los ciudadanos».
De la misma manera, antes de esas declaraciones del jefe del Ejecutivo, también el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió de que la querella del Parlamento de Cataluña puede constituir «malversación de fondos, aparte de otros delitos».
