Oriol Junqueras, exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural, mostraron un mismo relato en la comparecencia que realizaron hoy ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la que les comunicó su procesamiento por rebelión y malversación -en el primer caso- y rebelión en los otros dos casos: «Se está vulnerando nuestro derecho a la libertad ideológica».
Junqueras aseguró, además, que se había destinado» cero euros» del presupuesto público a la organización del referéndum del 1 de octubre, lo que contradice los datos contenidos en los informes de las investigaciones que la Guardia Civil está llevando a cabo por orden de Juan Antonio Ramírez Sunyer, magistrado del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Son precisamente los indicios recabados en esas investigaciones las que han provocado que Junqueras esté en prisión preventiva.
De la misma manera, el exvicepresidente del Govern, afirmó ante el magistrado Llarena que «votar el 1 de octubre no era delito», obviando que el delito consistía en desobedecer al Tribunal Constitucional, quien lo había prohibido previamente, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sànchez, por su parte, repitió su narración, ampliamente conocida.
«Considera que esta causa no va contra las personas sino que es una causa general, una causa ideológica», explicó Javier Ortega, acusación popular por Vox. «Y volvió a incidir en que todo forma parte de un proceso político y que ellos son presos políticos».
El expresidente de ANC reprochó a Llarena de falta de objetividad por su redacción del último auto, en el que incluyó la palabra «sufrimos», para referirse a las consecuencias del proceso independentista.
«No se puede ser juez y víctima», afirmó Sànchez.
Cuixart fue el más sintético de los tres. Argumentó lo de la vulneración de la libertad ideológica.
