La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cinco años de prisión para los cinco integrantes de un grupo que haciéndose pasar por personal perteneciente a la Comunidad, al Ayuntamiento de Madrid o a Gas Natural Fenosa cobraban a sus clientes (unos 200) alrededor de 100 euros por la inspección de las instalaciones de gas en sus viviendas, un trabajo para el que no eran competentes.
A falta de que se concrete la fecha del juicio, el representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado de estafa (tres años) y otro de pertenencia a grupo criminal (dos años) y reclama la devolución de las cantidades de dinero ilícitamente obtenidas a las empresas Servicios Auxiliares GN Combustión S.L. y Combustingas S.L.
Free G.M. fue hasta el 22 de mayo de 2013 el administrador único de la sociedad Servicios Auxiliares GN Combustión S.L. hasta que siete meses más tarde le sustituyó José Félix F.G., quien disponía del dinero que ingresaba la sociedad de forma ilícita. Primero Free G. le transmitió el 16 de julio de 2013 a José Félix F. la mitad menos una de las 3.000 participaciones de las que era titular y más tarde, el 20 de diciembre de ese mismo año, la transmitió el resto.
A su vez, Christian Martín L.F. desempeñaba el cargo de administrador único en la sociedad Combustingas S.L. y, por lo tanto, disponía del dinero que de forma ilícita ingresaba su sociedad, ha informado este miércoles el Ministerio Fiscal en una nota de prensa.
El papel de Luis Benigno F.G., a juicio de la Fiscalía, era el de asesorar a ambas mercantiles en calidad de ‘ideólogo’. Su cometido era promocionar campañas de márketing, diseñar documentación, cartelería, estrategias e incluso uniformes. También realizaba entrevistas de trabajo o cursos de formación, una tarea que compartía con los otros dos acusados: María Rosario B.R. y Free G.
El grupo se servían de ambas sociedades, «con la única intención de generar una apariencia externa de normalidad empresarial», para invocar a sus clientes la «supuesta» existencia de una revisión obligatoria de la instalación de gas ordenada por la Comunidad de Madrid. De esta forma se arrogaban unas «prerrogativas» que no le correspondían porque, según la normativa vigente, era competencia «exclusiva» de la Comunidad de Madrid y de otras compañías suministradoras, ha detallado la Fiscalía.
Pese a ello los acusados se hacían pasar por personal perteneciente a estas instituciones y cobraban unas cantidades por una «supuesta» actuación de inspección que «no colmaba las exigencias legales» puesto que ambas sociedades estaban habilitadas como meras empresas instaladoras o mantenedoras de gas (montaje, instalación o reparación) «o cualquier otro componente destinado al mantenimiento de una temperatura confortable en los hogares».
Para lo que no estaban habilitados era para inspeccionar las instalaciones de gas por lo que dicha inspección no eximía a los consumidores de someter sus instalaciones a los verdaderos órganos legitimados para ello. Pero es que, además, para realizar una tarea de la que carecían del correspondiente permiso utilizaban para darse a conocer técnicas de telemarketing, de colocación de carteles informativos en los portales de las viviendas, uniformes y acreditaciones en las que se relataba la expresión ‘Gas Natural’.
De esta forma los acusados se presentaban en distintos domicilios de Madrid escogidos bien al azar o bien mediante cita previa y simulaban ser personal perteneciente a la Comunidad, al Ayuntamiento o a Gas Natural con el fin de realizar una inspección de las instalaciones de gas.
Tras simular la inspección «consistente en el análisis de la composición de los gases contenidos en el ambiente» cobraban por el servicio a los clientes alrededor de los cien euros.
