La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado el procesamiento por sedición y organización criminal del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y de sus antiguos jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig.
En un auto, la magistrada desestima los recursos de los tres procesados, junto con el de la intendente de los Mossos, Teresa Laplana,-a quien también atribuye sedición-, contra el auto del 4 de abril por el que ponía fin a la investigación de esta causa.
En su escrito, la jueza niega que las acusaciones se basen en «meras conjeturas» de los investigadores, sino que las 21 diligencias practicadas demuestran que existen indicios racionales de criminalidad.
Lamela indica en su auto que las partes «han tenido acceso a su contenido y han podido mostrar su parecer, ejercer sus derechos y solicitar las que estimaran de interés», de ahí que razone que «ninguna indefensión» se les ha causado al respecto.
Por ello, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 procede a la «total confirmación» de la resolución recurrida en la que atribuye dos delitos de sedición y uno de organización criminal a Josep Lluis Trapero, un delito de sedición y organización criminal a Pere Soler y César Puig y un único delito de sedición a la intendente Laplana.
Estrategia premeditada y perfectamente coordinada
Aunque en esta ocasión no entra en el fondo de asunto, sí se remite a su auto de procesamiento en el que apuntó a la existencia de una «estrategia premeditada y perfectamente coordinada» con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión de Cataluña y la «utilización ilegal» de los Mossos.
Lamela considera que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña» Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.
En ese sentido, destacó este uso «tanto en los actos sediciosos» del 20 y 21 de septiembre como en la celebración del referéndum ilegal, pero también «en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, precisando que lejos de actuar en tales escenarios, se limitaron a aparentar la imposibilidad de cumplir «con sus obligaciones legales de actuar».
Según la tesis de la jueza, los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones policiales que pretendían impedir «el plan estratégico hacia la independencia» y siguieron de este modo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos, el exconseller de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva), Soler y Puig.
Instruir de forma conjunta
Igualmente la magistrada responde a los procesados que la competencia de investigación de estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional y que ella era partidaria de instruir de forma conjunta todos los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña el pasado 27 de octubre, si bien la existencia de personas aforadas lo ha impedido.
En su recurso, Puig denunció la «dispersión» de causas que se siguen en órganos judiciales tales como en Cornellà o Lleida por desobediencia de agente de los Mossos durante el 1-O. Sobre este punto, la juez precisa que se ha rechazado asumir la investigación de estas causas para evitar la «elefantiasis procesal» y que se convierta en un macroproceso que acabe ralentizando el avance de las pesquisas.
