Los jueces de Navarra piden la dimisión de Catalá por sus declaraciones
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30/4/2018 14:11
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Actualizado: 30/4/2018 14:28
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Los jueces y magistrados de Navarra y las secciones territoriales de las cuatro asociaciones de jueces en esa Comunidad Autónoma han hecho público un comunicado pidiendo la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones hoy en Herrera en la COPE en las que dijo “todos saben” que el juez que dictó un voto particular en el caso de ‘La Manada’, Ricardo González, tenía “algún problema singular”.
Y opinó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar “preventivamente”.
«Estas manifestaciones que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como Ministro de Justicia deberían provocar su inmediata dimisión», dicen los jueces y magistrados de Navarra.
«Especialmente escandalosa resulta la actitud del Ministro de Justicia señor Catalá, único Ministro reprobado en nuestra democracia, quien sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el Magistrado firmante del voto particular ‘tiene algún problema singular que todo el mundo conoce'», afirman en su comunicado.
RESPETO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
«El respeto a la independencia judicial -prosiguen- es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado, es decir, de los representantes de la soberanía nacional y de los miembros del Gobierno».
Por ello, «resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor».
Catalá declaró, durante la entrevista que le hizo Carlos Herrera esta mañana en su programa que “me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado”.
La carrera judicial de Navarra y las 4 asociaciones de jueces con implantación nacional (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), recuerdan al ministro que «la sentencia de la Audiencia Provincial, tras la celebración de un juicio regido por los principios constitucionales de defensa y contradicción, ha llevado a cabo un minucioso análisis de las pruebas practicadas, ha consignado unos hechos declarados probados y ha concluido una calificación jurídica conforme a una extensa motivación».
«Esa calificación jurídica, muy compleja por otro lado, puede compartirse o no, y por este motivo nuestro sistema prevé también un régimen de recursos que permita revisar lo resuelto y mantenerlo o modificarlo. Es decir, todavía dos órganos superiores, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo podrá revisar todas aquellas cuestiones respecto de las que exista desacuerdo», añaden.
RESPETO A LA LEY
«La independencia judicial garantiza el sometimiento de Jueces y Magistrados únicamente al imperio de la Ley, Ley que emana del pueblo a través del Poder Legislativo, sin que en ningún caso sea posible apartarse de esa Ley y actuar movidos por prejucios, juicios paralelos o presiones siendo mucho más importante garantizar ese respeto a la Ley que los reproches sociales que nuestra labor puede provocar pues solo de esa manera garantizaremos el funcionamiento del Estado de Derecho. Ese respeto a la Ley es el que fundamenta todas y cada una de las resoluciones que cada día se dictan en los Juzgados a los que los ciudadanos acuden a resolver sus controversias», señalan.
Los jueces y magistrados de Navarra entienden que la opinión pública pueda no comprender ni compartir la sentencia de «La Manada».
«Es admisible, e incluso deseable, que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el Poder Legislativo de quien emanan las leyes que los Jueces aplicamos», recuerdan.
«Pero el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia», remachan.
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