En un durísimo comunicado, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) ha acusado a la consejera de Justicia de esa Comunidad, Gabriela Bravo, de «desorden», «improvisación», de funcionar con «ocurrencias», incumpliendo «las leyes», «infrafinanciación» y «falta de respeto institucional».
Y pide al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que intervenga para poner coto a todo ello, exigiendo «respeto a la justicia gratuita y a la abogacía que la presta».
El CVCA, que representa a los colegios de Abogados de Alcoy, Sueca, Valencia, Alicante, Alzira, Castellón, Elche y Orihuela, respondió ayer así públicamente tras recibir una nota de prensa de la Consejería de Justicia de Bravo con el titular «Bravo acuerda con los abogados del turno de oficio que se recuperen los honorarios de 2005, a los que se les aplicará un aumento del 20,7%».
Junto con el comunicado se adjuntaba una foto de la fiscal en servicios especiales con los miembros de la llamada Plataforma de Abogados del Turno de Oficio.
Una asociación, según el CVCA «absolutamente desconocida y carente de la más mínima representatividad».
Y añade: «No contenta con ello se atreve a afirmar que ha alcanzado un acuerdo de incremento de las retribuciones del Turno de Oficio con dicha Plataforma. Incapaces de dialogar y de alcanzar acuerdos con el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, construyen una fantasmal plataforma para aparentar unos acuerdos inexistentes, mientras que los Abogados siguen teniendo que asumir, obligatoriamente, múltiples actuaciones, no baremadas, cuya retribución viene reclamando el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, sin respuesta de la Conselleria».
El CVCA recuerda que, desde comienzos de año, se ha reunido con «los máximos representantes» de la Consejería, para tratar sobre Justicia Gratuita, en cinco ocasiones.
«En todas las reuniones hemos presentado propuestas de mejora y sólo nos hemos mostrado parcialmente conformes con los baremos propuestos porque entendemos que a final de año no se va a gastar todo el presupuesto destinado a la justicia gratuita, porque se baja la retribución a los órganos que organizan el sistema de justicia gratuita y porque consideramos indigno que siga habiendo letrados que realicen trabajos que no se les retribuyen porque la Conselleria incumple su propio Decreto», afirma.
De ahí que entiendan la aparición de la mencionada asociación como una ofensa.
Menos subvenciones
El CVCA señala que, «desde marzo de 2.017, tras las medidas de reorganización y de redistribución de competencias llevada a cabo en la Consellería de Justicia, venimos asistiendo a un extravagante proceso, que dura ya más de un año, en el que se suceden los incumplimientos de compromisos adquiridos, la exigencia de los más variados requerimientos de información, de forma desordenada e improvisada, la exigencia de aplicación de nuevos criterios de facturación sin soporte normativo, la inaudita afirmación de que parte del nuevo decreto de justicia gratuita, aprobado en 2.017 por el propio Consell, no puede ser aplicado, y la exigencia de cada vez más servicios, sujetos en ocasiones a criterios atrabiliarios».
«Todo ello ha supuesto en 2.017 un incremento muy sustancial de los costes de organización de la justicia gratuita en la Comunidad Valenciana, que soportamos los Colegios de Abogados, lo que ha venido acompañado de una sustancial reducción de las subvenciones que se reciben por este concepto».
La nota de prensa fue la gota que desbordó el vaso, para del CVCA.
«En el día de ayer todos los límites de falta de respeto a la abogacía valenciana se han desbordado», revelan.
Para la Consejería todo fue un «malentendido»
Desde la Generalitat, el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón se mostró «sorprendido» por la dureza del comunicado y calificó todo de «malentendido», según informa el diario Las Provincias.
García Añón puntualizó que la reunión con la cuestionada plataforma fue «meramente informativa» y aseguró que el acuerdo de retribuciones (acuerdo que el comunicado niega) se alcanzó «la semana pasada en una reunión con el Consejo de Colegios de Abogados, que son los representantes institucionales».
El director general anunció que la consejera se reunirá la semana que viene con el consejo «para explicar todos los extremos» y defendió que sigue la «relación cordial y de trabajo conjunto» con la institución, un tono muy distinto al de la nota del Consejo.
Finalmente, subrayó ante todo que la importancia reside en el aumento de las retribuciones en un 65% y la recuperación del poder adquisitivo de 2005, «frente a épocas en las que tardaban un año en cobrar».
