El Gobierno de Navarra, que se ha personado como acusación popular en el juicio contra los cinco integrantes de ‘La Manada‘, ya tiene preparado el recurso de apelación a la sentencia que les condena a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual y les absuelve del delito de agresión sexual.
En declaraciones a los periodistas al término de una rueda de prensa, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha precisado que el plazo para presentar recurso finaliza el 18 de mayo y ha remarcado que «antes de ese día el Gobierno de Navarra presentará el recurso, que ya tiene preparado y que trabajó casi desde el minuto uno». El Ejecutivo pedirá que los hechos sean considerados como agresión sexual.
«Desde el mismo jueves que salió la sentencia los servicios jurídicos y parte del Gobierno comenzaron a trabajar en ese recurso y esta semana se presentará», ha relatado Ollo, quien ha detallado que el recurso del Ejecutivo a la sentencia tendrá como base las «contradicciones» que aprecian en la resolución judicial.
En este sentido, ha afirmado que, por un lado, la sentencia «argumenta el uso de violencia o intimidación», mientras que «luego termina afirmando que no hubo violencia o intimidación». «Aquí está el debate, la agresión sexual significa que hubo violencia o intimidación. No lo ha entendido así la Sala, pero sorprende que en la sentencia parece que se van afirmando con pruebas y apreciaciones que sí hubo violencia o intimidación para acabar concluyendo que no la hubo», ha señalado.
Por otro lado, respecto a la carta de uno de los condenados, en la que critica que el Gobierno foral se haya personado en este caso como acusación popular porque «no piensa tolerar ninguna agresión a mujeres, excepto la agresión a dos mujeres de Guardias Civiles en Alsasua», Ollo ha defendido que el Ejecutivo en el caso de Alsasua «estuvo donde tenía que estar».
«El primer día de la agresión la presidenta y el consejero de Salud fueron al hospital a transmitir su solidaridad y apoyo con las personas agredidas. El Gobierno de Navarra ha estado con esas víctimas en la medida que ellas han querido que estuviera el Gobierno», ha expuesto la consejera.
En su opinión, «acusarnos de formar parte de una acusación popular es injusto porque la propia ley de violencia de género dice que las instituciones públicas, el Gobierno de Navarra, tendrá que personarse en los casos de violencia extrema o violencia grave, y entendimos que este era un caso de violencia grave contra las mujeres».
Para Ana Ollo, «es incomprensible e intolerable que el acoso colectivo forme parte de una experiencia de ocio y que eso quede impune». «No podemos permitir que el ocio, la fiesta sea un escenario donde impunemente y de forma normalizada hombres violentos ejerzan su poder y monopolicen ese espacio», ha afirmado.
Ha incidido así en que en este caso «había que apoyar a la víctima en forma de esa acusación popular» y ha subrayado que el Ejecutivo «no iba tan desencaminado», ya que «la propia Fiscalía que también va a recurrir argumenta que sí hubo una agresión sexual frente a la calificación de abuso que es lo que la Sala ha decidido». (EP)
