El 9 de septiembre, Jesús Cintora y Esther Palomera entrevistaron al presidente del Gobierno en TVE. Ese mismo día, según sostiene ahora la denuncia presentada ante el Tribunal Supremo, el Ministerio del Interior ya tenía sobre ambos una ficha con foto, trayectoria y una etiqueta sobre su ideología política.
El documento, revelado tres días antes por El Confidencial, ha llevado al empresario y editor Luis Pineda Salido a denunciar penalmente al ministro Fernando Grande-Marlaska ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, por su condición de aforado.
Pineda, que presenta la denuncia con abogado y procurador, actúa como ciudadano que cumple el deber de denunciar un delito público y como editor de varias revistas, condición que invoca para constituirse en acusación popular (artículo 125 de la Constitución).
La denuncia se dirige no solo contra Grande-Marlaska, ministro del Interior desde el 7 de junio de 2018, sino también contra quienes hayan intervenido en la concepción, encargo o uso del documento, incluidos los responsables de la Oficina de Comunicación.
«Vivimos en un estado social y democrático de derecho, cuyo pilar es el voto: el censo electoral, que solo tiene sentido si se sustenta en información veraz, actual, contrastada y profesional. Esos son los dos pilares que estamos defendiendo. El censo ya fue examinado por el Tribunal Supremo, aunque de forma liviana, y ahora corresponde un proceso más largo y detallado para esclarecer qué ha ocurrido», explica Pineda.
«Pero ese censo tampoco tendría sentido si, desde el Ministerio del Interior se elaboran listas que no le corresponden: listas sobre las que no tiene competencia, ni obligación, ni derecho, referidas a quienes ayudan a formar el criterio de los ciudadanos censados. Eso constituye un ataque gravísimo al estado social y democrático de derecho del Reino de España», añade.
Los hechos que relata la denuncia
Según el escrito —a expensas de lo que determine la instrucción—, el 8 de septiembre El Confidencial dio a conocer un documento interno de 57 folios, fechado en 2024, con el escudo oficial y las leyendas «Ministerio del Interior» y «Oficina de Comunicación».
El Departamento reconoció su autenticidad y el ministro Grande-Marlaska o calificó de «documento de trabajo interno» «sin finalidad espuria».
El dosier ministerial se estructura como un fichero alfabético con fichas individuales: nombre, fotografía, trayectoria profesional y, de forma sistemática, una etiqueta sobre ideología, militancia o postura ante la amnistía, Bildu, ETA o el independentismo.
La denuncia reproduce, entre otras, las fichas de Jesús Cintora («Ideología de izquierdas, especialmente afín a los grupos alternativos al PSOE»), Esther Palomera («Ideología moderada de izquierdas. Favorable, en general, a las políticas del Gobierno»), Eduardo Inda («Ideología radical de derechas, muy crítico en general con la acción del Gobierno. En contra de los independentismos y de Bildu por su conexión con ETA») o Carlos Cuesta («Periodista radical, defiende el ideario de derechas, polémico y muy crítico con los pactos con Bildu y cualquier acercamiento al mundo de ETA o a los independentistas catalanes. Critica abiertamente las actuaciones del Gobierno. Desinformación»), por citar algunos.
El escrito sostiene que el dato relevante no era el medio en que trabaja cada profesional, sino su pensamiento político, y recuerda que el 9 de septiembre El Correo destacó el hecho referido al comienzo de esta noticia, que Cintora y Esther Palomera entrevistaron ese mismo día al presidente del Gobierno en TVE, lo que muestra la utilidad práctica del fichero, según la denuncia.
Añade que hubo consigna interna de no revelarlo, que no consta que los afectados fueran informados de su existencia ni de sus derechos, y que tampoco consta comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos. Cifra en al menos 280 los periodistas incluidos.
Sobre la responsabilidad del ministro, recoge que el Ministerio ha intentado desvincularlo —«ni lo ordenó, ni se le elevó, ni tiene por qué conocerlo»— y sostiene que esa afirmación es justamente lo que hace necesaria la investigación: determinar si Grande-Marlaska ordenó, conoció, toleró o permitió el tratamiento por omisión del control debido.
Los fundamentos jurídicos invocados
En la calificación penal, imputa como delito principal el tratamiento ilícito de datos que revelan la ideología (artículo 197.2, agravado por los apartados 4 y 5, en relación con el artíículo 198 CP, que castiga a la autoridad que se prevale de su cargo con pena en su mitad superior e inhabilitación absoluta de seis a doce años).
Subsidiariamente plantea prevaricación administrativa (artículo 404 CP) e impedimento de derechos cívicos (artículo 542 CP), por el efecto disuasorio que atribuye al fichero sobre la libertad de información.
Para extender la responsabilidad más allá de la autoría material, invoca la inducción, la cooperación necesaria y la comisión por omisión (artículos 11, 28 y 29 CP), apoyada en la posición de garante del ministro.
Cita también el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que prohíbe, salvo excepciones tasadas, tratar datos que revelen opiniones políticas.
El denunciante funda su legitimación como acusación popular en el artículo 125 CE, y reconoce la doctrina restrictiva del Supremo en causas especiales, que exige indicios de participación personal del aforado; por eso no pide el procesamiento, sino la admisión, la designación de instructor y la práctica de diligencias.
Diligencias solicitadas
Entre las diligencias solicitadas figuran requerir al Ministerio el original y los metadatos del documento, oficiar a la Agencia de Protección de Datos, recabar las comunicaciones internas de la Oficina de Comunicación, citar en declaración a sus responsables y, en su momento, al ministro, e investigar si el fichero moduló acreditaciones o el acceso a ruedas de prensa.
Pide también conservar los sistemas informáticos de la oficina y ofrecer a los 280 periodistas la posibilidad de personarse como acusación particular.
La denuncia recoge las reacciones previas: el presidente del Gobierno calificó el documento de «muy poco afortunado» y dijo desconocerlo; el Ministerio pidió disculpas sin renunciar a la tesis del documento de trabajo; y la AEPD anunció una investigación de oficio.
Rechazo frontal del mundo del periodismo y la comunicación
Las asociaciones de periodistas se han pronunciado radicalmente en contra de la existencia de tal fichero ideológico en el Ministerio del Interior. La principal, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), considera que la existencia de dicho fichero es «incompatible con el Estado de Derecho».
Sostiene que ningún organismo estatal está legitimado para «fichar, catalogar o perfilar ideológicamente» a periodistas. Asimismo, reclama que cesen inmediatamente estas prácticas y que se depuren responsabilidades dentro de la Oficina de Comunicación de Interior.
En esa misma línea de dureza se han pronunciado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Asociación de Periodistas de Investigación (API) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En la misma línea se han posicionado la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), la Asociación de Consultoras de Comunicación (ADC) y la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).
Por otra parte, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT, han suscrito otro manifiesto en la misma línea que las asociaciones de periodistas, condenando el fichero del Ministerio del Interior.
Pineda explica que ha emprendido esta actuación por dos motivos. «El primero, porque sigo siendo editor de cinco periódicos en dos continentes —en Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Reino Unido, además de España— y porque he dirigido publicaciones líderes en sus segmentos, como Alcuza, Dinero y Salud, El Club de la Vida Buena, Justicia y Derecho o La Veritas Bancaria. Por eso me siento absolutamente concernido por la gravedad de lo ocurrido».
«El segundo motivo es que esta actuación solo tiene un paralelismo: la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre el espionaje a periodistas encargado por el BBVA, ya judicializada, calificada por el Ministerio Público, que además reclama indemnización para cada uno de los periodistas afectados», precisa.
«Desde aquí hago un llamamiento a todas las víctimas: que se pongan en contacto con nosotros o actúen por sus propios medios, se personen en el procedimiento y reclamen no solo la indemnización a la que tienen derecho, sino que defiendan, en su nombre, a toda la profesión periodística», concluye.
La denuncia queda a expensas de que la Sala de lo Penal decida si la admite, designa instructor y acuerda las diligencias, o si la inadmite por falta de indicios.
Solo si avanzara hacia una inculpación formal se plantearía el suplicatorio. Lo que sí queda planteado es el primer test judicial sobre un documento cuya autenticidad y origen ministerial nadie ha negado: si su contenido llega a considerarse, jurídicamente, un fichero ilícito de datos ideológicos elaborado desde el Estado.
