El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha reconocido la decisión de los profesionales de un instituto de no permitir a un alumno pasar a 4º de la ESO. Ello, después de que el joven tuviera seis asignaturas suspensas, y hubiera sido expulsado del centro escolar durante más de 30 días durante el curso por distintas faltas disciplinarias.
Hace apenas unos días, se conocían los resultados españoles del Informe PISA 2025. Un informe mundial impulsado por la OCDE que mide el rendimiento académico de los jóvenes a nivel internacional y que, este año, traía nefastas noticias para España.
Y es que los estudiantes recibían el peor resultado histórico, situándose por debajo de la media internacional en materias como lectura, matemáticas o ciencias.
Unos resultados que se unen a las quejas de los profesores. No sólo por la falta de medios de los que disponen en la educación pública, sino también algo mucho más grave: la falta de autoridad frente a los alumnos.
Muchos son los profesores que, de forma pública, lamentan que los padres se hayan convertido, n los últimos años, no en educadores, sino en «defensores» de sus hijos ante la autoridad de profesores y centros educativos.
Una cuestión que, ahora, ha llegado incluso ante los tribunales. En concreto, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Así pues, todo comenzaba cuando Edurne y Romeo, padres de Ginés (nombres ficticios) presentaban una demanda contra el instituto del joven, debido a que el centro educativo había tomado la decisión de no permitirle pasar a 4º de la ESO debido a sus malas notas.
Padres e instituto, enfrentados en los tribunales
«Ginés cursó 3º de ESO durante el curso académico 2024-2025. El menor requiere medidas de apoyo y seguimiento individualizado. A lo largo del curso, fue objeto de diversas sanciones disciplinarias que, en total, supusieron 34 días lectivos de expulsión», explicaban los padres en la demanda.
Una situación ante la que criticaban al instituto, asegurando que el menor recibió, durante estas sanciones, «materiales docentes de algunas asignaturas, como instrucciones, esquemas, ejercicios y videos explicativos».
«Este apoyo educativo no fue uniforme ni garantizado en todas las materias», criticaban los padres en su demanda. Algo que, según ellos, provocó que el menor fuera incapaz de «alcanzar los criterios de evaluación, aún cuando existía voluntad de trabajo».
Actitud del instituto que, según Edurne y Romeo, supone «negligencia probada», así como un «funcionamiento anormal del servicio público».
Posición de los padres que rechazaba la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que desestimaba el recurso frente a la decisión del instituto de hacer repetir curso al alumno.
Reclamación de los padres que llegaba ante la sala de lo Contencioso del TSJA, compuesta por los magistrados María Pilar Martínez Ceyanes (presidente), María Olga González-Lamuño Romay y Alfonso Pérez Conesa (ponente).
Magistrados que exponen, en su sentencia 719/2026, la realidad educativa del alumno.
«Ginés suspende cinco materias del presente curso, más la materia de LCL de 2º ESO que tenía como pendiente. En total, seis asignaturas. Ante esta situación, el equipo docente, por unanimidad, considera que el alumno no puede seguir con éxito el curso siguiente», recuerda la sentencia.
Así, tras seis suspensos y expulsiones recurrentes, el equipo docente decide que repetir curso «puede ayudarle a alcanzar los aprendizajes mínimos».
Una valoración en la que el TSJA no aprecia «ningún supuesto de arbitrariedad, error patente o desviador de poder» por parte de los profesores hacia el alumno. Y por ello, desestiman el recurso de los padres, confirmando la decisión del instituto.
Con imposición de costas.
