Equiparar el permiso de paternidad con el de maternidad será otro quebradero de cabeza para la Seguridad Social
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22/5/2018 06:00
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Actualizado: 22/5/2018 02:54
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Dentro de unos meses conoceremos el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que admitía a trámite la demanda de un padre para reclamar un permiso de paternidad de igual duración que el de maternidad y pagado al cien por cien, alegando que la actual regulación es discriminatoria. La medida supondrá una reforma de la Seguridad Social y del propio Estatuto de los Trabajadores para lograr esta equiparación que ya existe en los países nórdicos.
Hemos pedido a María Dolores Lozano, abogada y presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) que analice esta medida y su implantación “Es una valoración positiva que el Tribunal Constitucional vaya a resolver en pleno el recurso de amparo presentado por un progenitor, con el apoyo de la Plataforma por permisos Igualitarios e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), al apreciar una «especial trascendencia constitucional».
El TC explica que este recurso «puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes», ya que el asunto planteado «plantea una cuestión jurídica relevante y general de repercusión social o económica».
Además estudiará si el derecho fundamental que el progenitor alega que se vulnera pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general. Con esta resolución, el tribunal acepta estudiar el recurso de amparo de uno de los nueve padres que, apoyados por la PPIINA, iniciaron un proceso judicial en 2016 para reclamar un permiso de paternidad igualitario.
Desde AEAFA, su presidenta lo destaca como “un elemento que puede ayudar a mejorar la conciliación de las familias a nivel laboral y personal. El permiso de paternidad, desde enero del 2017 tiene una duración de cuatro semanas o veintiocho días, mientras que el de maternidad llega a las dieciséis semanas. Si ambos tuvieran el mismo tiempo seria una medida que fomentaría la coparentabilidad responsable de ambos progenitores”.
Para Lozano esta medida supondría “desde el punto de vista práctico una redistribución de la riqueza del país, a la hora de distribuir los impuestos y una inversión importante de las administraciones”. A su juicio en los tribunales hay una sensibilización importante para lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres entre todas las perspectivas “y esta es una de ellas». La nueva medida supondrá una carga económica para el Estado a su juicio “pero para eso pagamos impuestos. Al mismo tiempo la tasa de natalidad en España es muy baja”.
La puesta en marcha de esta equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad supondría “habría que modificar el Estatuto de los Trabajadores para así modificar el régimen de Seguridad Social. Al mismo tiempo hay que ver las CCAA con competencias transferidas en materia de familia o bienestar social. Todas cumplen con el citado Estatuto pero algunas tienen cierta independencia para legislar en cuanto a dotaciones económicas”.
María Dolores Lozano, abogada y presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).
Y añade que “En aquellas CCAA que tengan transferida la competencia será la propia Comunidad la que legisle y lo dote económicamente. Esto podría generar alguna cesión más de impuestos del Estado de los ya existentes para hacer frente a este nuevo gasto que se avecina. No va a ser fácil reestructurar este tipo de imposiciones en el futuro”.
Sobre la implantación práctica Lozano recuerda que habrá que ver como lo encaja el ámbito empresarial realmente “aunque sean permisos de paternidad y maternidad que asume la Seguridad Social, esto supone para el empresario un cierto descalabro porque tendrá que reorganizar su empresa. Si un profesional toma dieciséis semanas de permiso, la empresa tendrá que contratar a otro en su lugar para que siga su labor. Sobre todo en la pyme veremos como se adaptan a esta futura medida”.
Necesidad de reforma legislativa
Desde el punto de vista práctico, la medida, caso de una futura reforma legislativa en nuestro ordenamiento jurídico, supondría que simultáneamente padre y madre puedan tener el mismo permiso de paternidad de dieciséis semanas para los cuidados de su recién nacido cobrando el cien por cien de su salario con gasto a la Seguridad Social.
“Curiosamente en estos momentos, España es país pionero en Europa concediendo al hombre ese permiso antes comentado de cuatro semanas. Por delante de Portugal, Francia y Alemania que oscilan entre 10 y 15 días. Ahora se trata equipar ambos permisos. El fallo del Tribunal Constitucional va a tener, por tanto una gran repercusión a nivel de política familiar”, aclara nuestra interlocutora.
El permiso de maternidad o paternidad no se otorga por el estado civil de las personas sino por la condición de progenitor o progenitora. “Se puede obtener este requisito por nacimiento, por adopción y por acogimiento de un niño, da igual el estado civil de los padres. En el caso de familia monoparental con la madre a cargo del niño, ella disfrutará del permiso. Y en supuestos de gestación subrogadas hay que acreditar dicha condición de progenitor, tanto si son dos mujeres o dos hombres”.
Para la presidenta de AEAFA la implantación de este tipo de medidas nos puede entroncar con los países del norte de Europa donde “en países como Suecia o Dinamarca el esquema familiar está muy confortado y protegido. Hay un alto nivel impositivo y todo se redistribuye y fomenta medidas como que las madres solteras tienen vivienda propia, los chicos de 18 años que se independizan tienen un alquiler social en la vivienda a la que van, los progenitores tienen una cantidad mensual por el nacimiento de hijo mensual. Guarderías, colegios o libros son gratuitos, al mismo tiempo, entre otras medidas”.
El desarrollo de estas medidas es para María Dolores Lozano «una cuestión económica, lo estamos pidiendo en las protestas sobre la mejora de la justicia. Se trata de que exista un presupuesto adecuado para implementar este tipo de medidas. Eso supone invertir en un capítulo y desinvertir en otras partidas para lograr este tipo de iniciativas”.
Para Lozano, un ejemplo claro es lo que se quiere hacer con la justicia gratuita. Hace unos días el ministro Rafael Catalá anunció el incremento en un 30% de los honorarios de los abogados del Turno de Oficio, congelados tantos años “no es suficiente, pero es evidente que el problema es que no hay dinero. Hay que reorganizar los recursos económicos de otra forma”.
En los últimos días el País Vasco parece que va afrontar esta equiparación de los permisos “tiene un sistema fiscal diferente del resto de las CCAA y eso le puede ayudar en esa medida. A otros niveles autonómicos supondrá un dinero extra que el Estado tenga que revertir en algunas CCAA que no tengan estas competencias transferidas”.
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