El Congreso ha reclamado este martes modificar el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y sus criterios para su notificación y registro con el fin de reconocer como tal el estrés y el acoso laboral.
Así consta en la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja, a raíz de una iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pactada finalmente con el PSOE. El PP ha sido el único grupo que se ha posicionado en contra.
La iniciativa, dirigida ante el aumento de la siniestralidad laboral, incluye un apartado para modificar este cuadro de enfermedades profesionales, también con el fin de que su aplicación «no dé lugar a discriminaciones por razón de género en el reconocimiento de una dolencia como enfermedad profesional».
Asimismo, el texto aprobado pide incorporar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales una perspectiva de género, tanto en la prevención por parte de los agentes implicados, como en los servicios ajenos. En este sentido, llama a potenciar los servicios y medios propios del empresario frente a los servicios de prevención ajenos, para lo que pide modificar la propia ley.
MÁS MEDIOS PARA LA INSPECCIÓN Y COMBATIR LA SINIESTRALIDAD
Además, el Congreso reclama aumentar la plantilla de la Inspección de Trabajo y de las partidas para la prevención de riesgos laborales con el fin de actuar contra la siniestralidad laboral y asegurar que «ningún trabajador o trabajadora realice su trabajo sin protección efectiva».
El texto finalmente aprobado exige al Gobierno promover una reforma de la actual legislación con el fin de «garantizar el desempeño profesional de los técnicos, la independencia de los servicios de protección y el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus prestaciones».
Asimismo, pide aproximar el número de inspectores a la media de la Unión Europea, eximiendo para ello los límites de «reposición mínima» y así permitir el incremento de este cuerpo de trabajadores en las sucesivas ofertas públicas de empleo con el fin de que, tal y como reza el texto, «puedan razonablemente desarrollar las tareas de control de las condiciones de seguridad laboral que su Ley de ordenación les encomienda».
Por otro lado, el Congreso también pide repartir entre las comunidades autónomas, «a la mayor celeridad posible», los fondos destinados a la prevención, que piden aumentar, y así «poner fin a la reiterada intromisión competencial» que, según el texto, se produce por parte de la Administración central.
RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO DEL HOGAR
Por otro lado, la Comisión de Empleo y Seguridad Social también ha aprobado otra iniciativa, esta del PSOE y finalmente pactada con Unidos Podemos, en la que el Congreso demanda al Gobierno adoptar medidas para regular las obligaciones de prevención de riesgos del empleador con los trabajadores en el ámbito de hogar familiar.
En este sentido, la iniciativa pide ir igualando los derechos de estos trabajadores, reclama ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación nº 201 sobre el trabajo doméstico y a considerar los períodos no cotizados para el cálculo de la prestación por incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y jubilación como recoge la Ley General de la Seguridad Social.
Por otro lado, también pide campañas específicas de Inspección de Trabajo para vigilar la seguridad y salud laboral en el hogar familiar, campañas de información para empleadores y trabajadores y reconocer a estos los mismos derechos de protección que las demás personas trabajadoras del Régimen General de la Seguridad Social en el supuesto de accidente de trabajo o enfermedad profesional. (EP)
