El Tribunal Supremo celebra este lunes la vista para estudiar los recursos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 13 investigados en el ‘procés’ contra el auto en el que el juez Pablo Llarena confirmó sus procesamientos por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y/o desobediencia.
En una providencia, el alto tribunal ha citado para ese día a los abogados de estos 14 investigados para revisar los recursos de apelación contra el auto del pasado 9 de mayo en el que el juez instructor apuntó por primera vez a la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión, reafirmándose en que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito. También indicó que en el «caso hipotético» de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña se podría atribuir a los procesados el delito de sedición.
Esta resolución –que confirmaba 22 procesamientos– fue recurrida, además de Puigdemont, por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de ANC Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí (huida en Escocia), Lluís Puig (fugado en Bélgica) y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por rebelión y algunos por malversación. También los que fueran miembros de la Mesa de la cámara parlamentaria Joan Josep Nuet y Anna Simó, acusados de desobediencia y el exconsejero Carles Mundó, por desobediencia y malversación.
POSIBLES SUSPENSIONES
De confirmar la Sala el auto de procesamiento del juez Llarena se darían los criterios establecidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender de funciones a 11 de estos investigados y evitar así que puedan ejercer cargos públicos. Además, este artículo exige que haya decretada una situación de prisión, que se da en el caso de los que están procesados por el delito de rebelión, incluidos los que se encuentran fugados de la Justicia española.
La suspensión automática se daría en el caso de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Turull, Rull, Romeva y Comín, que mantienen su acta como diputados en el Parlament. Por otro lado, Bassa, Ponsatí, Puig y Forcadell no podrían acceder en un futuro a ningún cargo público ni presentarse a unas listas electorales mientras se encuentren en la cárcel. La aplicación de este artículo se mantendría hasta que haya una sentencia, que de ser condenatoria supondría penas de inhabilitación.
Asimismo, la Sala estudiará en dicha vista el recurso presentado por la acusación popular ejercida por Vox que insistía en que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras deben estar también procesados.
El juez Llarena explicó en dicho auto que ha sido impugnado que en la investigación no se ha incorporado ningún elemento probatorio que vincule a estos dos políticos con el ejercicio de la violencia desplegada ni con que previeran su utilización en el momento en el que desplegaron su actuación.
Por otro lado, Turull, Rull y Sànchez pidieron poder estar presentes en dicha vista, lo que ha sido denegada por la Sala al entender que no es «preceptiva su presencia».
«LA REBELIÓN SE EVAPORA»
En el caso del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores y diputado de ERC en el Parlament, Raül Romeva, critican en su escrito que las resoluciones dictadas por el juez Llarena tienen una «valoración política» porque en mucho de ellos afirma que la independencia no puede defenderse pacíficamente.
En este recurso, que contiene un epígrafe con el título ‘La rebelión que se evapora’, se alega que imputar este delito es indefendible y que «es un sin sentido y causa sonrojo» que se contemple en esta causa. Asimismo, el recurso lamenta que el auto de procesamiento hace un relato del 20 de septiembre y del referéndum del 1 de octubre con una «interpretación totalmente sesgada».
Los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y Jordi Sànchez también rechazan en sus recursos la rebelión porque, según dicen, no hubo violencia en ningún momento. La defensa de los tres diputados de Junts per Catalunya (JxCat) considera que Llarena es «consciente de la debilidad de la anterior calificación» y por ello ahora apunta inesperadamente a sedición o conspiración a la rebelión, tal y como dice en el auto que será analizado el próximo miércoles. (EP)
