Los litigios por reacciones adversas a los medicamentos duran entre 4 y 7 años hasta obtener una sentencia firme
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16/6/2018 06:15
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Actualizado: 15/6/2018 23:11
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«El problema de estos litigios por reacciones adversas a los medicamentos es que duran entre 4 y 7 años, hasta que se obtiene una sentencia firme. Ahora se empiezan a litigar asuntos de hace 5 o 6 años. Es fundamental, por ello, tener buena información y literatura científica para probar ese daño”, según Francisco Almodóvar, abogado y socio del despacho Almodóvar y Jara, bufete especializado en este nicho de la abogacía.
“Hay daños que, a nivel jurídico, pueden verse compensados si son realmente graves y puede haber una relación de causalidad adecuada», añade. «El problema que tenemos es que a la hora de valorar el daño no es adecuado utilizar el baremo de tráfico, porque el daño es diferente y se provoca de otra forma. Es evidente que debe aprobarse un baremo sanitario para este tipo de situaciones”.
En estos años pasados Almodóvar destaca que ya “hay jurisprudencia muy interesante en este campo. El debate jurídico en este tipo de casos gira en torno a determinados aspectos del derecho farmacéutico y del derecho de daños: consentimiento informado terapéutico escrito o verbal; valoración de daño; carga de la prueba.
También advierte que “hay otros asuntos que han entrado en el debate jurídico como teorías del riesgo, corresponsabilidad de los agentes por la información que transmiten, daño desproporcionado, obligatoriedad o no de autopsias especializadas en medicamentos”.
Entre las sentencias que destaca hay una de la sala Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla León de 30 de diciembre del 2011. En la misma se condena a la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla Leon a indemizar con 470.000 euros a la familia de un niño que sufrió una grave minusvalía tras ser vacunado en un ambulatorio de Burgos, en marzo de 1994.
Francisco Almodóvar, abogado y socio del despacho Almodóvar & Jara.
El afectado, ahora mayor edad sufre tetraparesia -disfunción motora- con cierta movilidad en el brazo izquierdo y se desplaza en silla de ruedas autopropulsada. Tiene reconocido un grado de minusvalía del 92%.
La sentencia, reconoce 350.000 euros de indemnización a favor del joven y 120.000 más para sus padres, en concepto de perjuicios morales debido a la «sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada» que ha supuesto la gran invalidez de su hijo. El fallo es firme.
Faltan acciones colectivas judiciales
Almodóvar señala que “Estados Unidos sin duda. Canadá, Australia y Japón son los países más avanzados en este tipo de asuntos. No podemos olvidar que hay litigios en todo el mundo. En Europa los más avanzados son Francia, UK y España, me atrevería a decir”.
Reconoce que gracias a Internet la información fluye y afectados de cualquier país del mundo han podido ponerse en contacto con otras víctimas.
Los fallos casi todos respaldan la tesis de que son consumidores los afectados por un producto conjunto y así recogen la normativa de consumo existente.
“Debería potenciarse la acción colectiva judicial porque estamos hablando de casos muy parecidos. Los medicamentos como los vehículos tienen riesgos y deberían tener un sistema de compensación más claro del que existe en la actualidad ”, aclara.
Precisamente el papel de este bufete radica en “defender el derecho de la información del ciudadano en salud. Litigamos, trabajamos con las asociaciones, integramos la parte científica con la jurídica, tratamos de comunicar nuestros avances. Consideramos que el derecho a la información en salud del ciudadano debe respetarse y no obstaculizarse”.
Y recuerda que su actuación se basa en una estrategia legal y de comunicación entre dos departamentos diferenciados pero integrados igual a justicia pública y justicia legal, podríamos decir. Una es más rápida y la otra más lenta”.
Nuestro experto reconoce que “por ahora, a nivel jurídico no está siendo fácil. Necesitamos más medios para poder invertir en investigación, personas y recursos. Hay cierta desigualdad de armas”.
Sin embargo señala que “ hemos ayudado a conseguir sentencias relacionadas con el consentimiento informado en medicamentos como derecho fundamental, hemos logrado convencer al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y al Tribunal Supremo de que el consumo de fármacos antipsicóticos no está indicado para niños autistas en consumo prolongado y medio, entre otros pequeños hitos, como los conseguidos en la activación en vía penal de ciertas investigaciones y diligencias novedosas”.
La mayor parte de los daños provocados por los medicamentos, podrían evitarse
Así lo ha determinado un trabajo realizado en nuestro país sobre ingresos hospitalarios relacionados con efectos secundarios de los tratamientos médicos.
En EE.UU. las reacciones adversas a los medicamentos generan litigios importantes a través de demandas colectivas de afectados y suculentas indemnizaciones.
Una tendencia que aún no ha llegado plenamente a nuestro país.
Miguel Jara, socio mismo bufete, señala que se trata de un trabajo en el que se incluyeron a todos los pacientes hospitalizados en una unidad geriátrica de agudos durante el período de enero de 2001 a diciembre de 2010 y que se ha hecho público ahora.
Miguel Jara, socio del Bufete Almodóvar & Jara.
Este experto revela que “el estudio citado en concreto cita cinco grupos de fármacos más frecuentemente asociados a los ingresos por efectos secundarios que fueron digoxina, antiinflamatorios no esteroideos (Aines), benzodiacepinas, diuréticos y antibióticos”.
Y aclara que “la digoxina es un tratamiento que se usa para tratar la insuficiencia y la frecuencia cardíaca anormal (arritmias) y los aines son analgésicos y antiinflamatorios muy usados como Aspirina, Voltaren o Ibuprofeno”.
Sobre los efectos secundarios indica que “el estudio no lo concreta, lo que destaca es que muchos ingresos en hospitales son por daños provocados por fármacos y que como se insiste en ese estudio la mayor parte podría evitarse, el 76,4%. Hay que tener en cuenta que tratamos, en este ensayo, sobre personas mayores a las que cualquier incidente en su salud puede conducirles a la muerte”.
E indica que “No caigamos en el error de pensar que como el trabajo se ha realizado en una población de personas de avanzada edad y muy medicadas es ‘razonable’ que se produzcan tantas reacciones adversas, no. Los efectos secundarios de los fármacos se observan especialmente en jóvenes y adultos de edad media, siendo más frecuentes en mujeres, eso si lo documenta el estudio”.
Efectos adversos con riesgo de muerte
Sobre esos daños señala que “pueden provocar los medicamentos son muy variados y depende del grupo farmacológico. Pero pueden ir desde dolores y cansancio a daños estomacales o en el hígado e incluso infartos y muerte”.
En cuanto a si hay medicamentos que deberían estar retirados del mercado sanitario comenta que “por desgracia, existen muchos tratamientos médicos aprobados sin las suficientes comprobaciones sobre su eficacia y seguridad”.
Y recuerda que “en los últimos años ha habido numerosos escándalos que en ocasiones se han saldado con la retirada del retirada del producto del mercado, como el caso de Vioxx o Agreal o el anticonceptivo Essure”.
Recientemente la asociación de afectadas por Agreal escribía al nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez para denunciar la situación que viven«.
También indica que “otros medicamentos están dando muchos problemas como la vacuna del papiloma o el grupo de los bifosfonatos como Fosamax o el Depakine, que no pueden tomar las mujeres embarazadas, numerosos psicofármacos como antidepresivos o antipsicóticos. Y hay medicamentos muy buenos, muy eficaces, como el citado ibuprofeno o el paracetamol, de los que se han documentado nuevos y graves efectos secundarios que antes no se conocían. La lista es larga”.
Mujeres que pertenecen a la asociación de afectadas por Agreal que han denunciado al Ministerio de Sanidad y al laboratorio Sanofi.
Qué hacer ante una reacción adversa ante el medicamento
Para Jara en una situación de este tipo, con reacciones adversas al medicamento «hay que avisar a su médico para que lo contemple y actúe en consecuencia retirando el tratamiento si el posible daño es grave. Y pedirle que notifique esa reacción adversas al fabricante y a la Agencia de Medicamentos. Esto lo puede hacer cualquier persona a través de la página web de la misma”.
También recuerda que “si el daño no está avisado en el prospecto o si es desproporcionado con respecto a las advertencias que se hacen del mismo, puede exigir tanto a Administración como al fabricante una compensación por el sufrimiento moral y físico causado y por las posibles secuelas que puedan quedar, en ocasiones de por vida”.
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