Uno de los principios generales del derecho dice que lo que no está prohibido está permitido. Y no está prohibido que las partes, en los juicios con jurado popular -9 hombres y mujeres, legos en leyes-, puedan actuar de pie, «a la americana». Como en las películas.
Por eso las partes del caso eólico, que hoy ha comenzado definitivamente en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, han echado mano de ese recurso para dirigirse al jurado, de pie, micrófono en mano en la fase que abrió el proceso.
No es la primera vez que esto, que alguna de las partes se levante y hable ante el tribunal del jurado, en los tribunales españoles. Lo que es más inusual es que los hagan todos, como así ha sucedido.
Los fiscales y los abogados de este país están acostumbrados a dirigirse al tribunal sentados detrás de una mesa, por lo que esta iniciativa es, ciertamente, un cambio muy llamativo en las costumbres ancestrales de nuestra justicia.
Este juicio enjuicia una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica que dispuso de información privilegiada del Gobierno de Canarias, antes de que se publicara el concurso que se convocó en 2004.
Entre los acusados se encuentran Celso Perdomo, exdirector general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, su pareja, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, Mónica Quintana; el exfuncionario de la Consejería de Industria, Honorato López, y los empresarios Enrique J. Guzmán y José Ignacio Esquivel, así como el abogado Alfredo Briganty Arencibia. Los delitos que juzgan violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos.
El primero en actuar ante los 11 jurados -9 titulares y 2 sustitutos- fue el fiscal Luis del Río. A éste le siguió María del Mar García Mefina, abogada de César Perdomo; Víctor García de Bordallo, abogado de Mónica Quintana; Agustín Santana, abogado de Honorato López, que anunció «colaboracion con la administración de justicia» y «mi cliente va a reconocer los hechos y pide disculpas»; Francisco Javier Forero Sánchez, defensor de Enrique Guzmán, que también reconoció los hechos; Martín Contreras, abogado de José Ignacio Esquivel, que también reconoció la culpa de su cliente; y José Mateo, representante legal de Alfredo Briganty, quien admitió los hechos y expresó su arrepentimiento.
La incomparecencia de este último, Briganty, el pasado 13 de junio, miércoles, obligó al magistrado presidente del caso, Pedro Herrera, a dictar una orden de búsqueda y captura contra el abogado, que fue detenido por la Policía Nacional en Marbella y llevado desde la Península hasta Gran Canaria ante el magistrado 24 horas después, quien lo puso en libertad.
Herrera explicó después que un juicio puede celebrarse sin la comparecencia de un imputado pero no sin la presencia del que le representa legalmente en el plenario.
CUATRO DE LOS SEIS ACUSADOS AVANZAN QUE RECONOCEN LOS HECHOS
Un total de cuatro de los seis acusados en el denominado ‘caso Eólico’ han avanzado, a través de sus abogados, que reconocerán los hechos en sus declaraciones ante el tribunal, en un juicio que se está realizando con jurado popular y que este lunes ha comenzado públicamente.
Después de este retraso, y tras el escrito de fiscalización, así como de las intervenciones de las acusaciones –Ministerio Fiscal, Gobierno de Canarias y acusación popular– y de las defensas, los abogados de Honorato López, Enrique J. Guzmán, José Ignacio Esquivel y de Alfredo Briganty, han avanzado que sus clientes reconocerán los hechos de los que se les acusa y colaborarán con la justicia, lo que les valdrá su correspondiente atenuante.
De este modo, los dos principales acusados, la pareja compuesta por Celso Perdomo y Mónica Quintana, son los únicos que hasta el momento han decidido no reconocer las acusaciones que se les realiza.
Perdomo, al que se le pide un total de 7 años de prisión por los delitos de cohecho, violación de secreto y malversación de caudales públicos, se le considere el eje de este caso centrado en la convocatoria del concurso eólico que el Gobierno canario realizó en el año 2004 cuando Perdomo era director general de Industria del Ejecutivo regional, cargo que ostentaría hasta el 2005, año en el que tuvo que cesar debido a que el PP rompe con Coalición Canaria (CC) y sale del gobierno -estando la Consejería de Industria ‘en manos’ del PP en ese momento y cuyo consejero era el hermano del exministro José Manuel Soria, Luis Soria-.
En este sentido, el fiscal Anticorrupción Luis del Río recoge en su escrito que Perdomo «facilitó» a la Promotora de Recursos Eólicos –de la que Briganty era consejero y Esquivel era vicepresidente– y a Generaciones Especiales S.L -de la que formaba parte el empresario Enrique J. Guzmán-, el borrador del concurso y una serie de terrenos donde instalar los parques eólicos, todo ello antes de publicar el concurso el Gobierno canario.
Asimismo, el fiscal señaló que Perdomo, para favorecer a estas empresas en dicho concurso, recibió por parte del empresario Guzmán dos veces dinero en efectivo –algo más de 14.000 y 9.000 euros–, así como la cesión de un 16,66 por ciento de las acciones de una sociedad. En este caso, para poder ingresar las citadas cantidades que habría recibido, la pareja de Celso Perdomo, Mónica Quintana, abriría una cuenta en el Fortis Bank de Luxemburgo.
En cuanto a los contactos con Esquivel y Briganty se determinan en un pago de unos 12.700 euros, si bien esta cantidad se abonaría a una constructora que realizó las reformas en la vivienda de Perdomo y Quintana. Sin embargo, tras recibir estas cantidades el entonces director general de Industria del Gobierno de Canarias, lo cesan debido a la salida del PP del Ejecutivo regional, es entonces cuanto entra en escena el funcionario y entonces jefe de servicio de Industria Honorato López, para el que se pide dos años de cárcel por el delito de cohecho.
Atendiendo a lo indicado por el fiscal, López es la persona con la que Perdomo contacta en la Consejería para, una vez que él ya no está, poder materializar lo acordado con los empresarios a los que se pretendía favorecer en el concurso eólico. Esto le sirvió para acordar el pago de Guzmán a López de dos millones de pesetas previos, más cuatro millones de pesetas en evaluación previa, así como un millón de pesetas por cada megavatio asignado; mientras que con Briganty y Esquivel acordó dos millones de pesetas previos, más un máximo de cinco millones de pesetas por cada megavatio asignado.
En este sentido, el fiscal matizó que con López «no» hubo pago, solo el pacto, si bien puntualizó que el delito se comete ofreciendo y aceptando, no es necesaria la consumación de lo acordado. Además, agregó, que también se pretendía «amañar» un concurso de fotovoltaica.
Sin embargo, tras estos acuerdos, el concurso eólico se suspende por unas cuestiones de formas, si bien los acusados decidieron mantener los pactos para una convocatoria posterior, pero «no» pudieron llevarlo a cabo por sus detenciones.
Del Río ha incidido en que para probar todo este entramado existe bastante pruebas documentales, entre ellas 99 telefónicas con conversaciones de los acusados. Ante este tipo de casos, el fiscal ha subrayado que «la corrupción no genera más que pobreza y miseria», al tiempo que añadió que las víctimas de estos delitos «es la sociedad».
El fiscal pide –aunque con el reconocimiento de los hechos podrá variar– tanto para Briganty como para Esquivel y Guzmán penas de un año y seis meses de prisión, así como multas de entre 150.000 y 180.000 euros, por los delitos de cohecho.
EL GOBIERNO CANARIO DEFIENDE LA «LIBRE CONCURRENCIA»
Por otra parte, en el turno de la acusación del Gobierno de Canarias, el abogado defendió que en los concursos del Ejecutivo regional la «libre concurrencia y la igualdad no se pueden romper nunca», al tiempo que expuso que el caso nace de la denuncia de un extrabajador de una de las empresas.
Asimismo, matizó que a Perdomo también se le acusa de haber utilizado la cuenta que el Gobierno canario tenía en una librería de Las Palmas de Gran Canaria para adquirir libros técnicos, si bien el exdirector general habría comprado libros valorados en algo más de 700 euros, que fueron encontrado en su vivienda.
En relación a la acusación popular representada por el abogado de la sociedad mercantil Clean Electric 1725, Juan Sánchez, aseguró que la empresa se persona en la causa no para pedir una indemnización, si no porque «le interesa que se haga justicia».
TEMA DE «TRASFONDO POLÍTICO»
En el turno de la defensa, la abogada de Celso Perdomo, la letrada María del Mar García Medina, ha incidido en que falta documentación «importante», al tiempo que subrayó que este tema «tiene un trasfondo político».
Por su parte, la defensa de Mónica Quintana representada en el abogado Víctor García de Bordallo ha insistido en que su cliente «no tiene nada que ver con el caso Eólico», cuestión que está convencido de que se demostrará porque aseguró que el «delito» de Quintana fue «ser pareja de Perdomo», además de apuntar la «brevedad» con la que el fiscal se refiere a Quintana para criticar pedirle dos años de prisión y considerarla cooperadora necesaria por abrir una cuenta.
En cuanto a las defensas del resto de acusados, que reconocerán los hechos, han incidido en el paso del tiempo, ya que hace 14 años desde que se convocara el concurso, periodo que han señalado puede cambiar la vida de las personas y hacer reflexionar. CON INFORMACIÓN DE EP.
