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¿Qué efectos tendría sobre la abogacía española el que se hicieran públicas las tarifas de los despachos?

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En el Reino Unido las firmas de abogados tendrán que publicar sus precios para una gama de servicios para consumidores y empresas.

Así lo ha decidido la Autoridad de Regulación de Abogados (SRA), el equivalente, en el Reino Unido, al Consejo General de la Abogacía Española. Pero no tendrán que hacer públicos los registros de quejas, según ha avanzado el semanario digital londinense Legal Futures.

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La medida surge tras una investigación encargada conjuntamente por la SRA y el Defensor Legal (Legal Ombudsman) que encontró que el 85% de los consumidores dijeron que necesitaban información antes de elegir un proveedor de servicios legales, principalmente relacionados con el precio (53%) y la calidad (37%).

Sin embargo, los dos factores más importantes al elegir un proveedor fueron la reputación, seguida del precio.

La SRA es el segundo regulador, después del Consejo de Concesionarios de Transporte (CLC), que anuncia cómo proyecta implementar las recomendaciones del informe de 2016 de la Autoridad de Competencia y Mercados sobre la mejora de la transparencia en el mercado en Reino Unido.

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Es el órgano regulador para más de 120,000 abogados en Inglaterra y País de Gales.

Su objetivo es “poner, promover y asegurar en los estándares de interés público de comportamiento y rendimiento profesional necesario para asegurar que los clientes reciban un servicio bueno y que el imperio de la ley se sostiene”.

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Sujeto a la aprobación de la Junta de Servicios Legales, a partir de diciembre de 2018, todos los bufetes de abogados regulados por la SRA deberán publicar en sus sitios web información sobre los precios que cobran, y lo que estos cubren, a través de una serie de servicios comunes.

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Para los consumidores, estos serán traspaso, testamento, ofensas automovilísticas, tribunales laborales e inmigración (sin incluir el asilo).

Este último ha sido agregado después de una consulta, mientras que el divorcio ha sido eliminado debido al peso de las respuestas que dicen lo difícil que resultaría.

Las empresas que manejan la recuperación de deudas (hasta £ 100,000 -114.120 €), los tribunales de empleo y las solicitudes de licencias para locales comerciales para pequeñas empresas también tendrán que publicar precios y detalles de esos servicios.

Cuando las empresas no conocen el costo total de un servicio, se espera que proporcionen la información que conocen, por ejemplo, el costo promedio o el rango de costos.

En declaraciones públicas el director de política de la  SRA, Crispin Passmore, dijo que las firmas no estarían obligadas a hacer que su información de precios sea prominente en sus sitios web, pero argumentó que era más probable que los consumidores elijan las que sí lo hicieron.

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¿Se puede traer esta idea al mercado español?

Lo interesante de esta iniciativa en el mercado británico de la abogacía es que sí se podría trasladar a la realidad española.

Eva Bruch, socia de la consultora ALterWork, especializada en la transformación digital de los bufetes indica que “ya hay algunos despachos que ya publican sus precios y cada vez se van sumando más. Los que lo hacen, típicamente prestan servicios muy comoditizados (en su mayoría, los que propone la SRA) para los que han estandarizado y automatizado el trabajo: tienen un rígido control de costes, conocen sus márgenes y el punto de equilibrio al que deben llegar para ganar dinero”.

Bruch afirma que “para ellos, publicar los precios es una herramienta para estimular la venta. Para los despachos que no tengan estos servicios estructurados de forma empresarial, la obligatoriedad de publicar los precios añadirá presión a los más pequeños, que pueden hallarse en una guerra de precios mucho peor de la que ya están pasando. Seguramente habría un reajuste de precios”.

Sin embargo, en su opinión, todavía hay mucho desconocimiento a nivel general de cuáles son los honorarios de un despacho de abogados “pero cada vez más se buscan opciones. Se comparan propuestas. Hay mucha variedad de precios para servicios idénticos o poco diferenciados a los ojos del cliente!.

A su juicio “probablemente esto es lo que pueda aportar la publicidad de los precios: además de transparencia, el hecho de que los despachos con honorarios más elevados deban hacer un esfuerzo mucho mayor para convencer a sus clientes del mayor valor que les pueden aportar. El cliente tendría que percibirlo nada más entrar en la web, lo que funcionaría como una potente herramienta de segmentación”

La guerra de precios se mantiene

Si alguien espera que la transparencia elimine la guerra de precios, que no lo haga.

“Ya existe. Ya estamos ahí. Por ejemplo en los contratos automatizados ‘online’ donde la transparencia en el precio es total, vemos que se está compitiendo en precio. Esto pasa en todos los sectores. No va a ser distinto el nuestro”, confiesa.

Sobre los efectos que podría generar en el cliente recuerda esta experta que “la transparencia es buena y el cliente tendrá más elementos que le ayudarán a elegir un despacho. El precio no siempre es determinante y los elementos diferenciales que aporte un despacho para proponer un precio mayor estarán también al alcance del cliente. El cliente podrá tomar una mejor decisión, y hacerlo más rápidamente, si tiene a su alcance más elementos en los que basarse”,

En opinión de Xavier Miravalls, socio de Iuris Talent, “head hunter” del sector legal y consultor en estrategia de Recursos Humanos, “la guerra de precios empeoraría pero, esta vez, de forma pública. Hoy en día la guerra de precios es visible solo para los clientes. Las firmas ponen aquel precio que consideran oportuno para la captación del cliente y la rentabilidad del asunto. Por su lado el cliente elije por la reputación y el precio que está dispuesto a pagar”.

“La transparencia de los honorarios de los bufetes podría provocar una bajada fuerte de esas tarifas que a la larga podría colapsar a los propios despachos. Ciertamente se vería la gran diferencia de honorarios por asesoramientos aparentemente iguales”, dice.

Y advierte que “si los honorarios fueran totalmente transparentes obligaría a bajar precios para captar el cliente teniendo en cuenta lo que hace la competencia en materia de precio y sin fijarse en la rentabilidad provocando, a la larga el colapso de las firmas. El gran damnificado de todo ello sería el cliente pues la búsqueda de rentabilidad ante una situación de precios bajos acabaría provocando una peor calidad en el asesoramiento”.

A su juicio “la libertad en el establecimiento de precios es positivo para la competencia en el sector y le da mayor valor a la reputación del abogado como factor determinante en su elección por parte del cliente. Si esa transparencia provocara la estandarización de los precios afectaría a la calidad en el asesoramiento”.

Sobre el grado de conocimiento que empresas y ciudadanos tienen de los honorarios de un despacho de abogados, Miravalle explica que “generalmente, la primera vez que un particular o una pequeña empresa requiere del asesoramiento de un abogado, suele preguntar a su entorno si le puede recomendar a alguno. Eso suele ir acompañado de cierta información del coste que puede tener una primera visita. Pero, en general, se desconoce el coste del asesoramiento jurídico y lo peor, se teme preguntarlo.

Respecto al primer contacto con los despachos cree “ fundamental que la primera vez que se quiera contratar un abogado, se solicite un presupuesto previo a más de una firma, de este modo se ahorran sorpresas desagradables a posteriori. Lamentablemente se hace menos veces de las que se debería”.