El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, la socialista Isabel Rodríguez, el pasado 20 de junio, durante su comparecencia. Carlos Berbell/Confilegal.
La renovación del CGPJ depende del líder del PP que salga de su Congreso
|
24/6/2018 01:29
|
Actualizado: 25/6/2018 00:57
|
Esa es la realidad. Depende de quien sea el líder final, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se renovará en plazo, a primeros de diciembre de este año, o, por el contrario, sufrirá un bloqueo que podría alargar su mandato por lo menos un año o año y medio más.
Antes de que se produjera la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy no había ningún acuerdo, pero existía un entendimiento tácito entre el PP y el PSOE de que la renovación se produciría en tiempo y forma. Mariano Rajoy no tenía ningún interés en dar ni un minuto más, del estrictamente necesario, a Carlos Lesmes en la Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo.
El entonces presidente del Gobierno tenía muy presente la ausencia de acción de Lesmes que posibilitó que tuviera que ir a declarar, como testigo, en persona -en vez de hacerlo por videoconferencia- a la sala de vistas donde se celebraba el juicio del caso Gürtel, primera época, en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, población al este de la Comunidad de Madrid.
Lo dijo muy claro en varias ocasiones, «es una cuestión de salud para el sistema que las instituciones se renueven en tiempo y forma».
Desaparecido el líder, el barco popular avanza en piloto automático. Nadie, entre sus filas, se atreve a aventurar a día de hoy cuál va a ser la estrategia a adoptar frente al PSOE en los próximos dos años y mucho menos en lo relativo a la renovación del órgano de los jueces.
Se desconoce si la estrategia a adoptar por el nuevo -o la nueva- timonel hacia el Gobierno del PSOE será la de «leña al mono que es de goma», y al «enemigo ni agua», o por el contrario, «‘Sus’ vais a enterar -que diría José Mota, al que cita mucho, porque le hace gracia, el exministro de Justicia, Rafael Catalá-, pero estamos abiertos a algunos acuerdos, buenos para el país, porque somos un partido de Estado, y queremos que todo el mundo lo tenga claro».
Una estrategia espejo, esta última, muy parecida a la que mantuvo el PSOE cuando estuvo en la oposición en temas como Cataluña, apoyando el 155, o el acuerdo de Estado contra el terrorismo yihadista.
El PSOE sigue abierto, a día de hoy, aunque el aterrizaje en las instituciones está dejando esto como una cuestión secundaria, con una ministra de Justicia, Dolores Delgado, haciendo esfuerzos titánicos para ponerse al día al frente de un Ministerio que, hasta hace poco, veía como una cosa lejana.
«Cuando lleguemos a ese puente, ya lo cruzaremos», es su postura.
Y no sería extraño que Podemos también quisiera participar en el acuerdo que se pudiera gestar para colocar uno o dos vocales.
Tiene gente en el banquillo que quiere entrar en el campo de juego, como la magistrada Victoria Rosell, que se prodiga continuamente en medios de comunicación y en las redes sociales, haciéndose ver y opinando sobre todo, u otro magistrado, hoy diputado, Juan Pedro Yllanes, infrautilizado en el Congreso, alejado de la materia que mejor conoce, la Justicia, y sobre la que más puede aportar.
Los tres partidos suman con creces más de los 3/5 de votos requeridos en la Cámara Baja. 210 de 350.
Entre PP (134) y PSOE (84) hacen 218.
Y si a esos se unen los 67 del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas, sumarían 285 votos. De sobra.
En el Senado la cosa es más fácil. 208 votos de 265 (146 PP y 62 PSOE). El límite de las 3/5 partes son 159 votos; 49 más de los necesarios. Con Podemos, 228.
Los números salen con facilidad
Pero lo determinante será el favor humano, el líder o lideresa que salga del XIX Congreso Nacional del Partido Popular, convocado para los días 20 y 21 de julio próximo en Madrid.
En los últimos tiempos, Lesmes había estrechado lazos con la hasta hace poco vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que entiende que al PP le vendría bien que el CGPJ siguiera con su «mayoría conservadora», al menos durante el próximo año, en estos tiempos revueltos.
La otra candidata a lideresa del Partido Popular, Dolores de Cospedal, tampoco vería con malos ojos una prolongación. No en vano cuenta entre sus filas de amigos al vocal Gerardo Martínez Tristán, marido de Marta García de la Calzada, la que fuera su consejera de Fomento en el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha que ella presidio.
Sería una reedición al bloqueo que ya aplicaron con el Consejo del que fue presidente Francisco Hernando, que se alargó 2 años más en su mandato, hasta los 7 años.
De los otros cuatro candidatos, José Manuel García Margallo, Pablo Casado, José Ramón García Hernandez o Elio Cabanes, se desconoce su posición en este tema.
De tomar esa decisión, tendrían que tener muy presente el impedimento de la resistencia de las cuatro asociaciones de jueces que han hecho bandera que los 12 vocales jueces -de los 20 que conforman el CGPJ- sean elegidos directamente por los 5.500 jueces y magistrados.
Una de ellas, Foro Judicial Independiente, ya ha anunciado que no tomaría parte en el procedimiento de elección.
Esta era una de las reivindicaciones principales de la huelga que llevaron a cabo el pasado 22 de mayo y que fue secundada por más del 50 por ciento de jueces y fiscales.
De realizarse la elección, tendría que hacerse por el sistema vigente.
Es decir, cualquier miembro de la carrera judicial, con sólo 25 avales de compañeros, puede postularse a ser vocal por el Congreso o por el Senado (a cada Cámara le corresponde elegir a 6).
«Hasta que no tengamos un nuevo presidente -o presidenta- vamos como pollos sin cabeza. La persona que venga se replanteará todo y entonces nos pondremos en marcha en la dirección que marque», explicaron fuentes del PP a este periódico. «Como siempre, dependerá del factor humano». Nunca ha sido de otra manera.
Noticias Relacionadas:
