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El Manifiesto Digital de Telefónica presentado ayer, en línea con el informe elaborado por el anterior Gobierno

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El Manifiesto y la idea de una Carta de Derechos Digitales que este lunes Telefónica presentaba en su Fundación se alinea con los trabajos del Grupo de Expertos en Derechos Digitales que puso en marcha el exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Alvaro Nadal, durante más de trece meses, ahora en compás de espera tras el cambio de Gobierno .

En ese “Comité de Sabios” coordinado por los catedráticos de Derecho Administrativo José Luis Piñar y Tomás de la Cuadra Salcedo, también con amplia experiencia en privacidad y derecho tecnológico, lo componían también Ricard Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universitat de València y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft.

Otros integrantes fueron Diego Naranjo, “Senior Policy Advisor “de la asociación European Digital Rights, y Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y Máster en Dirección de Empresas.

Naranjo es cofundador de la organización andaluza de derechos humanos Grupo 17 de Marzo.

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Con ellos, Ofelia Tejerina, abogada, secretaria general y responsable del servicio Defensor del Internauta en la Asociación de Internautas, doctora en Derecho Constitucional por la UCM, y autora del libro Seguridad del Estado y Privacidad

Y Christoph Stock, director de políticas públicas e Internet de Telefónica, presidente del grupo de Gobernanza de Internet de la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO) y co-presidente del Equipo sobre Internet y Telecomunicaciones de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

La propuesta que plantea Telefónica se alinea con los trabajos de estos expertos

Cumplieron sus tareas pero justo la moción de censura que dio al traste con Mariano Rajoy su Gobierno impidió que la vicepresidente Soraya Saénz de Santamaria tuviera ese Libro Blanco sobre los Derechos Digitales en el que trabajaron durante casi treces meses.

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En estos momentos este grupo de trabajo está a la expectativa de que Francisco Polo, nuevo secretario de Estado para la Agenda Digital, reorganice su equipo de trabajo para poder ver la manera de que dichos trabajos puedan utilizarse en este momento en el que la sociedad española asume su transformación digital.

En opinión de Jose Luis Piñar, profesor titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad San Pablo CEU, la única en Europa “el documento de Telefónica sigue la misma línea de trabajo que aquel Comité de Expertos puso en marcha el ministro Alvaro Nadal”.

Reconoce que hay un informe listo para presentar al Gobierno justo a los días siguientes a la moción de censura que no pudo presentarse.

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En ese informe se indica el efecto inclusivo del documento “fue una de las recomendaciones en nuestro documento que se optase por innovaciones inclusivas en relación con las personas. El ciudadano es el centro de esta innovación y es poseedor de unos derechos digitales”.

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Para Ricard Martinez “el concepto de Internet inclusivo es una perspectiva amplia. Se trata de inclusividad social para frenar la brecha digital que pueda existir. En este país hay un estrato de población con un acceso limitado a Internet”. A su juicio, el carácter inclusivo se puede adaptar a la formación de nuestros menores en Internet. “Gracias a la tecnología se crearán dos millones de puestos de trabajo en toda Europa muy cualificados”.

Martínez, en su etapa de vicerrector de la Universidad de Valencia fue pionero en la inclusividad de las personas con diversidad funcional, “no solo se trata de personas con discapacidad física, sino también el concepto abarca la diversidad cognitiva”. A su juicio, son cuestiones que deberá tener en cuenta la Administración, sobre todo en su relación digital con todos los ciudadanos.

Álvaro Nadal, el anterior ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, rodeado del grupo de expertos.

Necesidad de un nuevo marco regulatorio

El informe de Telefónica también incide en la necesidad de un nuevo marco regulatorio que ayude a entender este tipo de fenómenos digitales.

“Creo que los franceses han estado más rápidos que nadie regulando desde el pasado 1 de enero de 2017 el derecho a la desconexión digital. Y en la última Asamblea de APEP se habló del nuevo título de Derechos Digitales presentado por el PSOE en la futura LOPD. También van en la misma dirección de adaptar la normativa a los nuevos tiempos”, señala Martínez.

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Para Piñar “la idea de aquel grupo de trabajo era el indagar sobre si era posible crear un nuevo marco regulatorio donde se crease un Código de Derechos Digitales de los Ciudadanos. Algunas de esas aportaciones han sido incluidas en este Manifiesto de Telefónica y en la enmienda que presentó el PSOE a la LOPD con un título nuevo sobre Derechos Digitales”.

Los propios expertos llegaron a la conclusión que la Constitución de 1978 no tenía que ser modificada “pero puede ser interpretada porque recoge el alcance digital de los derechos de los ciudadanos”, destaca Piñar. Y recuerda que hace algo más de un año, el pasado 30 de mayo se hizo el análisis de una posible Declaración de Derechos Digitales.

Carta de Derechos Digitales

Para ello Telefónica aboga por una Carta de Derechos Digitales pensada en las personas y que proteja también sus valores y derechos fundamentales en el mundo digital. “ En nuestro caso se trata de cómo reinterpretar los derechos preexistentes. Derechos digitales en sí mismo no creo que existan muchos”, apunta Martínez.

Para este estudioso de la privacidad la reinterpretación de esos derechos tradicionales en clave digital “va a ser casi una obligación. Y en este aspecto la regulación tendrá algo que hacer, claramente. Es el caso del derecho del trabajo en un entorno digital, por ejemplo que habrá que ver como se articula en este nuevo entorno”.

A su juicio hay dos retos que son cruciales y complementarios “primero, el reto de las personas. Es fundamental que las personas estén en el centro de la sociedad democrática y no lo podemos perder de vista. Y una parte de la transformación digital de la que hablamos tiene que ver de la competitividad como país. No hay que pararse en determinados derechos personales sino también acometer la transformación digital del país”.

En este escenario considera que el derecho a la educación es clave.

Para Ricard Martinez es claro que el país debe tener políticas públicas dedicadas al fomento de la transformación digital y al mismo tiempo estar muy atento a todo esto y no perderlo de visto.

“En tres meses puede salir una nueva tecnología disruptiva”, indica.

Ambos expertos confían que en el próximo mes, ya con la estructura definida la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, se pueda recuperar el trabajo que realizaron estos profesionales “ Creo que deberíamos seguir trabajando, ahora bajo las directrices del nuevo secretario de Estado, Francisco Polo”, apunta Piñar.