La última Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), celebrada el pasado lunes, acordó personarse, como acusación popular, en el caso contra la mujer que acosó y amenazó a una abogada del turno de oficio, para la cual decretó prisión preventiva la magistrada Mercedes Pérez Barrios, titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid.
El ICAM, de esta forma, da un paso al frente para apoyar pública y oficialmente a la letrada, que está defendida por Luis Álvarez Collado, miembro de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), quienes lo designaron para ese fin.
La acosadora era la expareja de un cliente que la tomó con ella en la creencia de que tenía una relación sentimental con el que había sido su hombre. Los primeros mensajes los comenzó a recibir el 23 de abril pasado.
“La gran puta, te voy a coger y te voy a matar, por mis muertos que vuelvo a la cárcel pero te cojo y te mato”. Al que siguió un segundo: “Avisada estás no te queremos ver”. Y otros más.
Ni que decir tiene que la abogada lo denunció y a la acosadora se le impuso una medida de alejamiento, con la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio y aproximarse a 300 metros de ella, tanto de su domicilio como de su centro de trabajo o cualquier otro lugar que frecuentara.
Aquello no arredró a la mujer, que mandó también mensajes por WhatsApp a su expareja del tenor de “olaaa ándate con mil ojos por la calle que acabe donde acaba no vais a vivir tranquilos ni tú ni la zorrita de tu abogada” y “por cierto, ¿te suena esto…. ?” y ponía a continuación la dirección del despacho de la letrada.
No hace mucho, el 14 de junio, envió otro mensaje al móvil de la abogada en el que incluía una fotografía de los padres de esta y el texto: “si lo pasan mal unos los otros también”.
La letrada puso una denuncia por amenazas, obstrucción a la justicia por coacciones o amenazas sobre peritos, partes o testigos. Y cayó en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, del que es titular la magistrada Mercedes Pérez Barrios.
El ministerio fiscal, y la acusación particular, ejercida por Álvarez Collado, solicitaron, en el juicio que se produjo ayer, la prisión provisional.
Una vista que contó con un público togado. 16 abogados del turno de oficio, vestidos con la preceptiva toga negra. Todos sentados entre el público. La mayor parte pertenecían a ALTODO, la asociación de abogados del Turno de Oficio con su presidente Isidro Moreno a la cabeza, y un representante de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, el diputado penalista Juan Gonzalo Ospina, que, con su presencia dejó constancia del apoyo de la corporación de derecho público a la abogada.
El informe del fiscal fue concluyente.
Los audios que se pudieron escuchar y los mensajes de whatsapp dejaron claro las malas intenciones de la acosadora hacia la abogada.
La defensa de la acusada quiso desviar el tema, acusando a su novio de manipular el móvil pero las pruebas fueron concluyentes de su temerario comportamiento.
Según ha podido saber CONFILEGAL, mención especial fue la intervención final de Álvarez Collado, que en su turno de palabra, con la voz quebrada por la emoción, habló de los derechos de los abogados a ejercer su profesión con libertad sin ningún tipo de condicionante y amenazas.
También insistió en que los abogados deben tener la categoría de autoridad que tienen médicos y algunos funcionarios para estar protegidos y evitar que de esta forma se vulnere el derecho a la defensa que la Constitución consagra como algo fundamental.
Y subrayó el apoyo del Colegio de Abogados.
Para Álvarez Collado, el testimonio de la denunciada no era creíble y al final fruto de sus contradicciones entre las preguntas de la fiscal y de la defensa se derrumbó “La fiscal solicitó tras su intervención el ingreso en prisión de la acosadora señalando que es intolerable este tipo de comportamientos en el ejercicio de la defensa”.
Pese a las peticiones de clemencia y llantos de la acosadora, la magistrada Pérez Barrios lo tuvo claro y en su auto menciona la aplicabilidad del artículo 464 del Código Penal, que dice que “el que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesa, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses”.
El juicio está pendiente de que se fije fecha.
