Un nuevo informe entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa que investiga el proceso independentista en Cataluña, cifra en 900.906,70 euros el valor de los 2.259 inmuebles que el Gobierno de Carles Puigdemont habilitó para el referéndum independentista del pasado 1 de octubre.
Así lo establece el informe pericial, elaborado por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), que ha hecho una «estimación del valor de uso por arrendamiento de los inmuebles cedidos o habilitados por diversos órganos administrativos para la materialización del proceso de votación».
Con este informe incluido en la instrucción de la causa contra el denominado ‘procés’, el magistrado busca probar el delito de malversación de caudales públicos que los procesados siempre han negado.
Junto a estos 900.906 euros, Llarena ya cuenta con otros documentos que probarían que la Generalitat habría comprometido al menos 3,2 millones de euros, de los que habría pagado 1,58 millones.
Para llegar a la cifra de 900.906,70 euros, han calculado la renta teórica potencial de los 2.259 inmuebles, de modo que ha requerido también la colaboración de la empresa Ibertasa Sociedad de Tasación «por su independencia, experiencia y posicionamiento en el sector de lo tasoción y valoración inmobiliarias en España», lo cual otorga al informe una «supervisión adicional» para lograr la «máxima objetividad».
Para hacer el cálculo, los peritos han evaluado el valor de reposición neto de cada uno de los inmuebles y, una vez obtenido éste, han determinado la renta equivalente que le corresponde, expresada en euros/día mediante la aplicación de una tasa de rentabilidad teórica elegida de acuerdo a la naturaleza del bien en cuestión.
Anexo al informe, Segipsa incluye en la documentación remitida al juez Llarena el listado de los 2.259 inmuebles que se utilizaron para la consulta ilegal del 1-O, con el nombre del centro, la provincia, la localidad y su referencia catastral. EP.
