La Fundación ProBono asegura al decano Alonso que no se meterán en casos del turno de oficio

José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid. Carlos Berbell/Confilegal.
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Los máximos responsables de la Fundación ProBono España no se meterán en casos del turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita. No estuvo nunca en su ánimo el hacerlo.

Así se lo han asegurado al decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, después de que éste les exigiera -tras ser informado de forma detallada sobre el proyecto- que explicitaran en sus estatutos que entre sus actividades quedaran “expresamente excluidas aquellas que pudieran entrar siquiera mínimamente en conflicto con el Turno de Oficio (TO) y la Asistencia Jurídica Gratuita”.

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Una modificación que, al parecer, ya han realizado.

“Esta Junta de Gobierno no permitirá jamás -como no deberían permitirlo las autoridades competentes- que un servicio público esencial para la ciudadanía como son el TO y la asistencia jurídica gratuita, pueda ser controlado por entidades o fundaciones privadas”, dice el Colegio en un comunicado.

“La justicia gratuita tiene un mandato constitucional de obligado cumplimiento, mientras el ‘pro bono’ dependerá siempre del voluntarismo de las personas o entidades que en un determinado momento decidan prestarlo para satisfacer bienes protegidos por los derechos humanos, siempre dentro de una argumentación de responsabilidad social y con una imperatividad jurídica menor. Por tanto, no puede haber competencia ni conflicto de intereses que ponga en duda el trabajo que realizan los abogados del TO”, añade.

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Para la Junta de Gobierno “el turno de oficio es posiblemente el servicio público que mejor funciona en España, con mayor eficiencia y sin apenas quejas”.

De esta forma el ICAM se ha posicionado del lado del turno de oficio y de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), cuyo presidente, Isidro Moreno, mostró recientemente su preocupación ante la irrupción de esta Fundación, en la que participan 28 grandes despachos.

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“Esa Fundación nos parece peligrosa para el turno de oficio. Porque tiene todos los visos de ir en contra del sistema español de justicia gratuita Nos parece peligroso, además, para el usuario, porque tiene derecho a una asistencia de calidad y profesional”, afirmó Moreno.

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