El diputado de En Comú Podem, Jaume Moya i Matas, ha pedido explicaciones al Gobierno a través de una serie de preguntas parlamentarias a las que ha tenido acceso CONFILEGAL sobre el fondo de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo que aprobó el Ejecutivo de Rajoy para dar cumplimiento a la cuarta Directiva antiblanqueo de capitales en cuanto a los titulares reales.
La directiva, cuyo plazo de transposición finalizó el 26 de junio de 2017, establece que “los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público”.
De entrada, la Orden tiene un objetivo tan inocente como incorporar nuevos modelos en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil con un formulario para la “identificación del titular real de la sociedad”.
Sin embargo, que los sujetos obligados y las autoridades puedan exigir que la información sobre el titular real de las personas jurídicas se le suministre por un registro y se haya decidido que es ‘el Mercantil’, ha abierto una guerra entre notarios y registradores.
Titulares reales de 115 millones de documentos
Como explica Moya en el escrito presentado esta mañana a la Mesa del Congreso, ni la Orden ni la normativa europea precisan qué registro público debe contener esa información pero bien es verdad que en nuestro país ya existe este registro donde se puede suministrar información precisa sobre el titular real de las personas jurídicas.
Se trata de la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado, establecido por el Reglamento de la Ley 10/2010 en su artículo 9.6.
En esta base de datos constan los titulares reales de 11 millones de documentos y es de uso diario por parte de policía, juzgados y administraciones públicas.
Trato de favor a los registradores
Aunque ya existía este registro, lo cierto es que el Gobierno de Rajoy pidió que se creara y apuntó directamente al Registro Mercantil.
Según se recoge en el escrito de En Comú Podem, «se apunta un trato de favor por parte del anterior Ejecutivo en favor del colectivo de Registradores, dentro del cual el anterior Presidente de Gobierno ha vuelto a ejercer profesionalmente».
Los 17 decanos de los Colegios de Notarios de España han afirmado, literalmente, que la Orden Ministerial proyecta sus consecuencias “en pos de una pura defensa de intereses corporativos, son gravemente atentatorias al interés general de España, al perjudicar las actuaciones que se puedan desarrollar para luchar de manera efectiva contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción”.
Ahora le toca al Gobierno de Sánchez dar respuesta a esta polémica sobre si hubo o no trato de favor e ir al contenido de la Orden en cuanto a si es el depósito de estos datos la medida más adecuada para luchar contra el blanqueo de capitales.
