Una fundación de los grandes despachos plantea una reforma global de la fiscalidad medioambiental

La Fundación Impuestos y Competitividad propone recuperar la deducción medioambiental del Impuesto de Sociedades Los representantes de la Fundación Impuestos y Competitividad en una foto reciente.
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La Fundación Impuestos y Competitividad acaba de presentar la publicación “Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma”, un trabajo que realiza un amplio análisis del marco impositivo actual y que aboga por desarrollar un nuevo régimen completo, sistemático y eficiente para la fiscalidad medioambiental en nuestro país.

El patronato de esta fundación lo conforman los tres grandes despachos nacionales: J&A Garrigues, S.L.P., Uría Menéndez Abogados, S.L.P., y Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P.,  junto al bufete internacional  Baker & Mckenzie Madrid, S.L.P., y las cuatro grandes (las llamadas “Big Four”) como EY Abogados, S.L., Landwell-Pricewaterhouse-Coopers Tax & Legal Services, S.L.,  Deloitte Asesores Tributarios, S.L., y KPMG Abogados S.L. 

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Una entidad que en octubre de este año cumplirá 7 años.

En este tiempo ha logrado convertirse en un interlocutor de las grandes empresas con el Ministerio de Hacienda.

Su objeto fundacional “es la investigación, el conocimiento, la divulgación y la opinión independiente sobre los desarrollos normativos internacionales en materia de tributación y fiscalidad, y sobre las experiencias de aplicación de los mismos, con especial atención a la investigación de los procesos a través de los cuales dichos desarrollos y experiencias, si no existieran en nuestro país o en la Unión Europea, pudieran ser incorporados al ordenamiento y la práctica española y comunitaria en beneficio de la competitividad de la economía”.

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Su primer presidente fue el que es hoy socio senior de Garrigues, Ricardo Gómez.

La voz de esta Fundación se ha oído en los grandes temas tributarios del país.

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En su momento pidieron eliminar el Impuesto sobre Patrimonio y armonizar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, al igual que una reforma en el IVA para que nuestra economía fuera más competitiva o un estudio comparado con otras jurisdicciones respecto a la fiscalidad de la vivienda en nuestro país, por citar algunos temas concretos.

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También se mostró partidaria del uso del arbitraje en algunos conflictos tributarios, entre otros asuntos.

La gestión de la Fundación y la representación institucional recae en la figura de su director general, Ginés Navarro, abogado, inspector de Hacienda (1983-88) y asesor experto en la fiscalidad del sector bancario.

En esta etapa profesional fue miembro de la Comisión Fiscal de la Asociación Española de la Banca (AEB) y representante ante la Federación Bancaria Europea.

En esta ocasión este informe, coordinado desde Deloitte y EY, ha sido desarrollado por los profesionales de las firmas que integran el Patronato de la Fundación con la colaboración de los profesores Pedro Herrera Molina (UNED) y Enrique Ortiz Calle (Universidad Carlos III).

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También han participado en el proyecto, a través de varias mesas de debate, representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de organismos tributarios de diferentes Comunidades Autónomas.

Durante el acto de presentación, en la sede de la CEOE, intervinieron Alberto García Valera, director general de Tributos; Elena de Ancos Lumbreras, subdirectora general de Relaciones Tributarias con las Comunidades Autónomas; y Bernardo Soto, secretario de la Comisión Fiscal de la CEOE.

Junto a ellos  Jesús López Tello, presidente de la Fundación (socio de Uría Menéndez), y los coordinadores del trabajo, Pablo Renieblas y Pedro González-Gaggero, socios de Deloitte y EY Abogados, respectivamente.

La reforma que se plantea de la fiscalidad medioambiental es global y la idea de estos expertos es que la  la recaudación tributaria adicional que se pueda llegar a obtener por vía de la fiscalidad medioambiental se utilice para una correlativa reducción de la imposición directa y del gravamen sobre el factor trabajo.

Entre los posibles incentivos medioambientales de los principales impuestos, se sugiere recuperar la deducción por inversiones medioambientales en el  Impuesto sobre Sociedades; aplicar incentivos en el Impuesto sobre Patrimonio a los bienes con eficiencia energética o con un efecto positivo en la protección ambiental.

Reforma equilibrada y prudente

También consideran que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se podría recuperar la deducción por inversiones en viviendas con finalidad medioambiental, o copiar el modelo autonómico de incentivos a donativos con esa misma finalidad

Sobre dichas modificaciones legislativas entienden que debe ser “equilibrada y prudente” desde estas perspectivas:

En primer lugar hablan de la necesidad de contar con un mix normativo que combine instrumentos impositivos con otros mecanismos como elementos regulatorios, incentivos o mecanismos de precios de mercado.

Al mismo tiempo se busca simplificar la imposición medioambiental desde la estabilidad. Pocos impuestos con capacidad recaudatoria que pueden complementarse con algunas figuras menores que graven fuentes de contaminación muy específicas.

Otro elemento que señalan los expertos de esta Fundación es que realmente sean impuestos medioambientales. Y se adecuen los elementos técnicos del impuesto al impacto contaminante que se pretende combatir. En este escenario advierten que los tribunales, españoles y europeos, han rechazado estos últimos años las figuras que bajo la denominación de medioambientales han proliferado.

Coordinación con Administraciones locales

En dicha reforma también consideran que se podrían reconfigurar los impuestos tradicionales, con la admisión de gastos deducibles u otros incentivos, contribuyendo a  la “ambientalización” del sistema tributario en su conjunto.  Además creen que es fundamental que esta reforma medioambiental se coordine con la reforma de la financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Desde esta entidad tienen claro que hay que controlar el efecto de los impuestos medioambientales sobre la actividad económica.  La reforma ha de ser particularmente sensible a los sectores estratégicos de nuestra economía y debe impedir que una gestión inadecuada de la fiscalidad medioambiental incida negativamente en la actividad de nuestra empresas.

En este trabajo también se explica la necesidad de una posible reconfiguración de los impuestos sobre hidrocarburos, carbón y electricidad, de modo que contemplen dos componentes impositivos, el del nivel de emisiones de CO2 y el de su contenido energético.

En el impuesto sobre la electricidad se propone extender la reducción del 85 % a todos los sectores de consumo intensivo de electricidad. Respecto al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, los técnicos de esta Fundación proponen suprimirlo por su cuestionable finalidad medioambiental y las dudas sobre su encaje en el ordenamiento tributario español y europeo.

También recomiendan que las tasas por tratamiento de residuos sean reordenadas, dentro de la obligada reconsideración de la política fiscal en materia de residuos sólidos, con soluciones de armonización.

En materia de aguas, es recomendable la revisión del modelo actual, buscando la uniformidad y efectiva finalidad ambiental de los cánones autonómicos sobre vertidos,  mientras que sobre los vehículos a motor se sugiere  suprimir el impuesto de matriculación, reconfigurar el impuesto de circulación como un verdadero impuesto al uso de vehículos, atendiendo a sus emisiones, tanto de CO2 como de otros gases y partículas contaminantes.

Este nuevo impuesto único a la tenencia y uso de vehículos debería disponer de un tramo autonómico y otro local. La política en materia de imposición sobre vehículos ha de revisarse conjuntamente con la de los carburantes de automoción con el objetivo de favorecer la renovación del parque automovilístico español ante la evidencia de que los vehículos más antiguos presentan niveles de emisiones muy superiores a los de reciente matriculación.

Posible impuesto sobre el ruido

Al mismo tiempo estos expertos plantean también la consideración del establecimiento de un gravamen sobre el ruido, ya sea como impuesto autónomo, ya sea como un elemento impositivo nuevo de figuras ya existentes. También piden que se revisen los impuestos estatales sobre la energía nuclear.

En este informe también se propone suprimir los cánones eólicos, vigentes en varias CC. AA., que presentan escasa capacidad recaudatoria y no tienen clara justificación medioambiental. En caso de mantenerse, deberían reorientarse hacia una mayor vinculación con los elementos de impacto ambiental que puedan tener las instalaciones.

Respecto a los impuestos autonómicos sobre grandes superficies deberían ser revisados e incluso suprimidos si no se establece una adecuada vinculación de ellos con los supuestos impactos ambientales derivados de la aglomeración de personas y vehículos.