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El 97.7% de las empresas del IBEX 35 no publican información sobre las ayudas y subvenciones públicas que reciben

Presentación del Informe 2018; de izquierda a derecha, Miguel Angel Blanes, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valencia, Javier Amorós, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno y Beltrán Gambier, responsable conceptual por parte de TI-E del objetivo 3.
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Es un dato contrastado. Figura en el informe Ley de Transparencia y grandes empresas en España 2018, elaborado por Transparencia Internacional: El 97,7 por ciento de las empresas cotizadas en el IBEX no publican ningún tipo de información sobre las ayudas y subvenciones públicas que reciben.

La configuración de presupuestos y las retribuciones anuales e indemnizaciones, y sobre las subvenciones y ayudas concedidas por administraciones públicas son cuestiones poco transparentes.

Un suspenso en toda regla.

Por contra, Aena y Repsol son las únicas empresas que cumplen “de manera significativa” con las obligaciones de publicidad activa, que, tal como indica la Ley 19/2013, solo aplicaría a las empresas que hayan recibido ayudas o subvenciones públicas por un monto superior a 100.000 euros en el período de un año.

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O el equivalente a 40% de los ingresos totales anuales de la entidad, siempre que alcance la cifra mínima de 5.000 euros.

En este informe solo se consideró el primer criterio para determinar los sujetos obligados por la legislación.

En cuanto a las áreas, se observó un cumplimiento elevado de la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan las empresas. De todos modos, tal como indica el documento, esta información ya se publicaba antes de la Ley 19/2013. También se determinó que se cumplieron las obligaciones de publicación de las cuentas anuales.

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Queda claro, por lo tanto, que los retos pendientes a nivel de transparencia tienen que ver con la publicación de información sobre la normativa relacionada con la actividad que desarrolla cada empresa, sobre la estructura organizativa, el organigrama y la trayectoria profesional de los directivos.

El documento, elaborado por el investigador César Nicandro Cruz-Rubio, evalúa el nivel de conocimiento y cumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno por parte de 43 empresas españolas en 2018.

Uno de los principales hallazgos que se deducen de la lectura de este informe es que se mantienen los retos de transparencia en materia de publicidad activa en estas entidades.

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El estudio consideró a 132 empresas que cotizan en el mercado continuo durante 2018, entre las que se identificaron 43 como sujetos obligados por la Ley 19/2013, lo que representa un 32,6% del total.

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Esta es justamente una de las novedades que introduce este informe en relación con el del año 2017: se ha ampliado el universo susceptible de estudio, pues en la ocasión anterior se analizaron 67 grandes empresas.

Recomendaciones de mejora

Para dar algunos pasos en la mejora de esta situación, el informe ofrece varias recomendaciones. Una de ellas es publicar un listado-repositorio-sistema permanente y de acceso público, para que cualquier persona interesada pueda conocer los sujetos obligados en materia de publicidad activa.

También se recomienda que los organismos soliciten todos los años una declaración de responsable a las empresas privadas, en la que se indique qué porcentaje de su ingreso anual corresponde a dinero público.

Del mismo modo, se insta a avanzar en el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia, en aras de disipar las dudas y así mejorar los niveles de cumplimiento.

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El Gobierno de Mariano Rajoy tenía intención de aprobar antes de junio un real decreto por el que se aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. De momento el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha pronunciado sobre el tema

“Pensamos que el sector privado necesita regulaciones específicas en materia de transparencia”, señaló César Cruz durante la presentación del informe.

Un debate necesario

De la introducción al acto se encargó Beltrán Gambier, abogado administrativista de larga trayectoria y responsable conceptual por parte de TI-E del objetivo 3 en el que se enmarca el informe.

En su intervención puso de manifiesto la necesidad de que el Gobierno diga lo que hará con la Ley de Transparencia, su reglamentación y con los pleitos iniciados por los Ministerios resistiendo las decisiones del Consejo de Transparencia.

El acto contó además con la participación de Javier Amorós, subdirector de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que apuntó que se trabaja en la promoción de la transparencia de los organismos públicos, pero también en la de empresas financiadas por fondos públicos. “Se trata de un terreno en el que nosotros no nos hemos adentrado por falta de medios”, precisó.

Amorós señaló la dificultad para conocer cuáles son las empresas españolas, independientemente de que sean cotizadas, que son sujetos obligados a cumplir con la norma de transparencia.

“La Administración General del Estado no conoce el universo de empresas” que deben cumplir con esta ley “ni la cantidad que reciben” a través de subvenciones públicas, dado que el importe que obtienen puede ser emitido no solo por la administración central, sino también por administraciones autonómicas y locales.

También destacó como otro de los inconvenientes que la ley no se refiere exclusivamente a empresas, sino a organizaciones, como pueden ser las ONG, de modo que el censo “es potencialmente muy grande”, pues en 2017 había en España en torno a tres millones y medio de empresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Miguel Angel Blanes del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valencia y Javier Amorós, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno.

Dificultades para hacer cumplir la ley

Para Miguel Ángel Blanes, técnico jurídico en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, hay muchas dificultades para vigilar el cumplimiento de la ley.

A eso se suma que las empresas privadas afrontan un panorama legislativo cada vez más complicado, tanto por la cantidad de exigencias como por la existencia de leyes estatales y autonómicas.

“Esperemos que las empresas tomen nota y se sumen a la mejora de la transparencia. Se trata de un valor que genera más confianza y más legitimidad a la hora de operar en un sector y entre los consumidores. Todo eso produce efectos positivos”, subrayó.

Cristina Juliani, jefa del Departamento de Responsabilidad Corporativa de AENA, explicó la experiencia de la empresa —una de las mejores valoradas en el estudio— en el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

“Nos queda mucho trabajo por recorrer, a nosotros y a todas las empresas de nuestro entorno, para que la información que publiquemos esté coordinada y sirva para dar respuesta al público. Uno de los retos es armonizar la información interna, que puede estar muy dispersa”, señaló.

Isabel Silva, de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, presentó las potencialidades de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y del portal infosubvenciones.es, en el que se pueden consultar las subvenciones y ayudas recibidas por las empresas.

Destacó, además, la necesidad de debatir sobre los conflictos que pueden existir entre la transparencia y la protección de datos de personas físicas y el secreto empresarial.

Finalmente, César Nicandro Cruz-Rubio presentó una aplicación informática, desarrollada en el marco del informe, con la que se pueden consultar 5.871 razones sociales que, entre 2015 y 2017, accedieron a fondos públicos, por un importe igual o superior a 100.000 euros y que, por lo tanto, son sujetos obligados por la Ley de Transparencia.