La conclusión a la que ha llegado la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados es muy simple: Hubo vulneración del secreto profesional del abogado del empresario de la construcción, Juan Miguel Villar Mir, investigado en los casos Lezo y Púnica, cuando la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas que mantuvieron y en las que hablaron de la estrategia de defensa a adoptar.
Fueron más de 11 horas de escuchas, autorizadas por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, competente en la instrucción de ambos asuntos.
«El Colegio de Abogados de Madrid ha otorgado el amparo solicitado por el abogado de don Juan Miguel Villar Mir. Las grabaciones realizadas han vulnerado el secreto profesional y las comunicaciones entre abogado y cliente. No puede ser que los órganos jurisdiccionales conozcan ahora, y de esta manera, la estrategia procesal que el abogado había desarrollado para su cliente», explicó José María Alonso, decano del Colegio.
Un conocimiento que poseen tanto la Policía Judicial de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el propio magistrado instructor.
Fuentes del ICAM señalaban a Confilegal a última hora de ayer que de esas escuchas se han elaborado informes policiales y no hubo expurgo del contenido de esas conversaciones protegidas por el secreto profesional y el privilegio abogado-cliente.
El decano, José María Alonso, con la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid en la primera reunión de su historia. ICAM.HECHOS MUY GRAVES
Alonso recordaba que hace unos días vino verle uno de los abogados de Villar Mir al Colegio de Abogados de Madrid y que, ante la gravedad de los hechos que le relató, le pidió que elaborara un escrito para que la Junta de Gobierno lo analizara.
Después de que fuera revisado por la Asesoría Jurídica del ICAM, se dio amparo colegial al letrado, que, aunque no tiene ninguna virtualidad material, sí supone una toma de posición clara, definitiva y pública del Colegio de Abogados de Madrid en defensa del colegiado y contra el órgano judicial que tomó esa decisión.
Según ha podido confirmar este diario, el propio García-Castellón se puso en contacto ayer con el decano para aclarar la información que el diario EL Mundo había adelantado por la mañana.
En ese intercambio de pareceres, Alonso le habría contestado al magistrado, de forma seca, que en la última Junta de Gobierno ya habían aprobado el amparo y que no había vuelta atrás.
El Colegio de Abogados de Madrid tiene previsto dar traslado del acuerdo de amparo al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y a la fiscal general del Estado, María José Segarra, fiscal general del Estado, a los efectos oportunos.
Desde la institución colegial se espera que se declare la nulidad de esas conversaciones telefónicas y de todas las investigaciones que de ellas hubieran podido originarse, en lo que sería la aplicación lógica de la doctrina del fruto del árbol envenenado.
Para el decano del Colegio de Madrid, estos hechos subrayan, una vez más, la ausencia de una Ley Orgánica del derecho a la Defensa que impida que se puedan producir situaciones como la señalada, en la que los investigadores escuchan las conversaciones que mantienen los abogados con sus clientes.
No se puede entender el retraso en aprobar esta ley y Alonso espera recordarle en la próxima reunión que mantenga con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que dicha ley es una prioridad para la abogacía.
Alonso tiene muy presente la inacción histórica de la Junta de Gobierno que presidió Antonio Hernández Gil, y de la que formó parte, en el caso de las escuchas a los abogados del caso Gürtel y a sus clientes, llevadas a cabo en la cárcel, y que fueron ordenadas por el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Aunque la Junta de Gobierno entonces anunció que se presentaría una querella contra el magistrado, al final no hizo nada.
Una decisión con la que Alonso no estuvo de acuerdo en absoluto y que al final asumieron los letrados José Antonio Choclán, Ignacio Peláez y Pablo Rodríguez Mourullo, como querellantes, lo que desembocó en un juicio en el Tribunal Supremo contra Garzón, en el fue condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar aquellas escuchas.
