Manuel Valero, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid hasta diciembre de 2017 y presidente ejecutivo de la Asociación Pro Dignidad de la Abogacía (APRODA), lo tiene muy claro: «El Colegio debería querellarse contra el juez de instrucción que ordenó grabar las conversaciones entre el empresario Villar Mir y su abogado. Lo ocurrido es intolerable».
El abogado respondía de esta manera tras conocer la denuncia realizada ante el Colegio por el abogado de Juan Miguel Villar Mir, al que la Guardia Civil le grabó 11 horas de conversaciones telefónicas con su cliente, actualmente investigado por los casos Lezo y Púnica, por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Once horas que no fueron expurgadas de las transcripciones de las conversaciones telefónicas entre Villar Mir y su abogado y que han permitido conocer su estrategia de defensa.
«Es una vulneración de libro del artículo 24 de la Constitución Española. Toda línea de investigación, toda posible imputación, toda prueba obtenida que se pudiera derivar de la lectura de esas conversaciones es nula de pleno derecho«, añade.
«Por ello, el Colegio de Abogados de Madrid tiene que tomar una posición activa. No puede volver a suceder otra vez. Porque supondría la muerte de la Abogacía. La segunda fue con el juez Baltasar Garzón. El Colegio tiene que tener muy claro que defendiendo a ese letrado está defendiendo a la profesión».
Para Valero, uno de los abogados más veteranos del Foro, «el derecho de defensa es sagrado. Y el corazón de ese derecho es el secreto profesional, vulnerado de forma muy grave con esas grabaciones. Si permitimos que esto pase, y no tenga consecuencias, el derecho de defensa deja de existir. No se puede cerrar en falso este asunto y mirar para otra parte».
El Colegio de Abogados de Madrid otorgó el amparo al abogado de Villar Mir, tras la presentación, por parte de este letrado, de un escrito ante la Junta de Gobierno, en el que explicó lo sucedido. Escrito que fue estudiado a fondo por los servicios jurídicos del ICAM, quienes certificaron que se había producido la vulneración del derecho de defensa.
El decano, José María Alonso, decidió enviar dicho amparo, para su conocimiento, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y a la fiscal general del Estado, María José Segarra.
El ICAM no ha tomado todavía ninguna decisión sobre la interposición de una querella contra García-Castellón, como propone Valero.
