Un año después de que la pequeña de 3 años, Lucía Vivar, fuera hallada muerta en las vías del tren, a 4 kilómetros de donde había desaparecido en Pizarra (Málaga), los padres de la niña consideran que quedan aún muchos interrogantes en cuanto a cómo pudo llegar hasta allí.
Han pedido que no se cierre el caso y han presentado una denuncia contra la Guardia Civil y por la vía administrativa una reclamación patrimonial contra ADIF en relación con posibles negligencias ocurridas hasta el momento en el que la niña fue encontrada sin vida que habrían derivado en un supuesto delito de homicidio imprudente por omisión.
Tanto en el caso de la reclamación como de la denuncia, según la información adelantada por el Diario ‘SUR’, se alude a determinadas actuaciones o decisiones que habrían dado como resultado la muerte de la niña. En el mismo sentido, pudo haber daños causados a raíz del ‘mal’ funcionamiento de estos organismos o por incumplimiento de sus obligaciones.
Estas nuevas acciones judiciales se producen después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, encargado del caso, acordara sobreseer provisionalmente la causa, al considerar que se habían practicado las diligencias «necesarias» y tras esto «no existen indicios de que la desaparición de la menor y en la muerte de la misma hayan intervenido terceras personas».
El informe de ADIF
Y es que desde el principio, la familia insistió en que se pidió que los trenes no pasaran y que se les dijo que así sería, aunque finalmente no se interrumpió el servicio.
ADIF confirmó en un informe que no recibió petición de suspender el tráfico ferroviario en el trayecto entre las localidades malagueñas de Álora y Pizarra. Este es uno de los argumentos utilizados ahora en las acciones judiciales.
En este sentido, se indicaba que el Centro de Protección y Seguridad de ADIF de Sevilla, interlocutor con la Guardia Civil de la que recibía la información, solicitó el paso con precaución por las vías de la estación de Pizarra por la existencia de personas buscando a la menor, «en ningún momento se refirieron al trayecto entre Pizarra y Álora».
Se apuntaba que se tenía conocimiento de que se buscaba a la menor «en los alrededores de la estación» y que se dieron instrucciones de «marcha a la vista» al paso por dicha instalación, lo que obliga al maquinista a avanzar con la precaución que requiera el caso, regulando la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que se visualiza por delante para que pueda tener el tren ante cualquier obstáculo.
Por su parte, la Guardia Civil recogió también en un informe que «no se entendió oportuna la paralización total del tráfico ferroviario» sino que «se contextualizó el área de búsqueda en un entorno eminentemente cercano cuyo radio de acción, más si cabe en zonas visibles como lo eran las vías férreas, excluía la presencia de la menor en las mismas por la intensa búsqueda desplegada desde su pérdida».
Tampoco parece que se revisaran bien las cámaras de seguridad porque en un primer momento se comunicó a la Guardia Civil que la niña no aparecía en las imágenes, aunque días más tarde trascendieron las instantáneas con la pequeña en dirección a las vías.
Hace un año
Lucía Vivar desapareció en la madrugada del 27 de julio de 2017 mientras jugaba con sus primos en la terraza de un restaurante de la estación de Cercanías del municipio donde cenaban sus padres. El cuerpo sin vida de la pequeña era localizado horas más tarde junto a la línea ferroviaria.
A pesar de que los padres no creyeron desde el principio que Lucía podría haber recorrido sola cuatro kilómetros por las vías del tren, la versión oficial que se ha mantenido siempre ha sido la muerte accidental por un golpe en la cabeza tras andar por la noche cerca de las vías y, posteriormente, haber recibido el impacto del tren.
Los padres se personaron como parte en el proceso judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que investigó la desaparición y fallecimiento de la menor, para acceder «de primera mano» a la información.
