Varias decenas de activistas del grupo Stop Desahucios de Vicálvaro consiguieron ayer lunes parar el desalojo de una familia con tres menores ordenado por una juez, pese a que la ONU había solicitado al Estado la suspensión cautelar del desahucio o el realojo en una vivienda digna.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, en sustitución del número 30, de vacaciones, dictó ayer un auto donde declara que no suspende cautelarmente el desalojo dado que considera que la comunicación del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) «ni es un dictamen, ni es una resolución», y expresamente afirma que no existe un pronunciamiento en la comunicación del Comité del DESC sobre la suspensión del desalojo, según un comunicado del Stop Desahucios de Vicálvaro.
Este grupo recuerda que, en virtud del artículo 96 de la Constitución Española y la ley de Tratados Internacionales de 2014, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado forman parte del ordenamiento jurídico español desde el momento de su firma, y el pacto Internacional del DESC fue suscrito en 1977 por el Estado español, así como su protocolo facultativo, que ha sido ratificado en 2014, por lo que considera «arbitraria» la decisión de la juez.
Según Stop Desahucios, la Policía Municipal, en funciones de Policía Judicial, ha amenazado con ejecutar el lanzamiento «cualquier noche de la próxima semana a las cinco de la madrugada», cuando sus compañeros «no puedan estar para defender» a Soraya y a sus hijos de diez y cuatro años y un bebé de un mes. EFE
